Luego de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo al diputado Juan Requesens y a su hermana Rafaela (ya liberada), el fiscal impuesto por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Fiscalía había realizado todos los trámites para allanar su inmunidad parlamentaria, solicitud enviada al Tribunal Supremo de Justicia y que aprobó el órgano en una sesión minutos después de que el presidente del TSJ lo informara vía Twitter.
De manera expedita, como muy poco ocurre con las instituciones del Estado venezolano, la Sala Plena del TSJ con ponencia de su presidente Maikel Moreno, declaró procedente el enjuiciamiento contra Requesens, tras -señala- “determinarse que existen suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente”.
Completamente arbitrarios
La sentencia decreta como flagrante la detención de Requesens y ordena mantener en custodia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, hasta tanto sea la ANC la que decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.
“Por tratarse de delitos comunes, el enjuiciamiento del diputado Requesens deberá hacerse ante los tribunales ordinarios competentes, según lo dispuesto en el artículo 378 del COPP (Código Orgánico Procesal Penal), de conformidad con la decisión N° 1684 4/11/2008, dictada por la SC del TSJ”, precisó Moreno en su cuenta en Twitter.
 La sentencia decreta como flagrante la detención de Requesens | Foto @MaikelMorenoTSJ |
Pero el proceso no solo involucra a Requesens, sino al diputado Julio Borges. El TSJ declaró que “se evidencia que existen elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión flagrante de los delitos de: instigación pública continuada; traición a la patria; homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.
“El TSJ ordena, que por tratarse en flagrancia este procedimiento, y de conformidad con la decisión N° 1684 del 4 de noviembre de 2008 de la Sala Constitucional del Alto Juzgado, no procede el antejuicio de mérito de Julio Borges, diputado ante la Asamblea Nacional, razón por la cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal y ordena la inmediata detención del asambleísta, en base al artículo 116 de la Ley Orgánica del TSJ”, indica la sentencia.
Aunque se trata de un ente desconocido a nivel internacional, la constituyente Gladys Requena manifestó en sesión de la ANC que esta “tiene la facultad de revocar la inmunidad parlamentaria a estos traidores de la patria”. Pedro Carreño, por su parte, llamó al resto a ser -expresó- “la pesadilla de todos aquellos que quieren arrebatarnos la paz y la esperanza del pueblo”.
“No tienen idea de lo que iban a hacer ese día, no tienen idea de lo que iban a desatar con el magnicidio en contra de nuestro hermano Nicolás Maduro, se iban a arrepentir de arremeter en contra del pueblo. Hemos aprendido a identificar el adversario que ahora ya no cree en elecciones sino que cree en magnicidios y por eso vamos a dejar que todo el peso de ley actúe para ganar la paz”, puntualizó el presidente de la ANC, Diosdado Cabello.
19 chivos expiatorios
El fiscal constituyente Tarek William Saab informó que la noche del martes fueron presentados ante el tribunal de la causa, tres de los apresados por el presunto “intento de magnicidio al presidente de la República Nicolás Maduro”.
Saab recordó que el presunto atentado fue perpetrado con dos drones cargados con explosivos, uno de ellos operado desde una oficina del Centro Empresarial Cipreses en la avenida Lecuna, y que había sido operado por Brayan Oropeza y Alberto Bracho, “quienes fueron trasladados al sitio por la ciudadana Yanin Pernía, a bordo de una camioneta Jeep Cherokee, color azul. Dicho dron fue el que explotó frente a la tribuna presidencial. En la mencionada oficina se logró colectar un dispositivo de mando de una aeronave no tripulada marca DJI”, detalló.
“La segunda aeronave no tripulada fue operada desde un vehículo marca Chevrolet, modelo Orlando, color negro, ubicado en la esquina de Curamichate. Este era dirigido por el ciudadano Argenis Valero, en compañía de Juan Carlos Monasterios, quienes fueron aprehendidos en flagrancia. Lograron huir del sitio dos personas ya identificadas, una tenía como función ubicarse cerca de la tarima presidencial y guiar a los operadores, y otra encargada de vigilar la zona de operación del aparato”, agregó.
A pesar de que las averiguaciones continúan, el apartamento donde se estrelló uno de los drones en la residencia Don Eduardo, recibió este mismo martes a una cuadrilla de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, para su reparación, lo que significa una intervención de la escena.
Tras allanamientos y experticias, informó que establecieron la vinculación de 19 personas directamente involucradas en el atentado, además de referirse a presuntos financistas ubicados en el extranjero: Raider Russo y del coronel (r.) de la GNB Oswaldo García, quienes residen en Colombia; y de Osman Delgado, radicado en EE UU.
Los tres apresados fueron presentados ante el Juzgado Primero de Audiencia de presentación ante Juzgado Primero de Control con Competencia contra el Terrorismo, donde fueron imputados Argenis Valero, Juan Carlos Monasterios y José Rivas, quienes recibieron privativa de libertad, aseguramiento de bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de cuentas bancarias.
Fueron imputados por los delitos traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del jefe de Estado, homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración, contra los efectivos militares José Núñez, Benny Ortiz, Luis Molina, Darwin Moreno, Jesús Gómez, Víctor Hernández y Lizneidy Guerrero; así como lanzamiento de artefacto explosivo, terrorismo, daños violentos a la propiedad y asociación para delinquir.
En relación a José Rivas, adicionalmente se le imputó por financiamiento al terrorismo. “Desde la empresa que él preside se hicieron pagos para el hospedaje de los ejecutores del atentado”, declaró William Saab.
