Bachelet también reclamó por los retrasos en la aplicación de las órdenes de liberación, su oficina documentó al menos otros siete casos de personas apresadas cuya orden de liberación aún no se ha implementado.
De acuerdo al informe de transparencia publicado por Telefónica -y reseñado por el referido portal- el Sebin y la Fiscalía están entre los que piden las intervenciones telefónicas, previa solicitud a un juez.
El exmilitar fue acusado por Maduro en cadena nacional, durante las protestas antigubernamentales de 2014, de haber colocado una guaya en una urbanización al oeste de Caracas.
El director de FundaRedes lleva 10 meses preso, acusado de terrorismo e incitación al odio por solicitar a la Fiscalía General, investigar al exgobernador de Guárico por presuntos nexos con la guerrilla colombiana.
La alta comisionada hizo referencia expresa a grupos armados en la frontera con Colombia y regiones mineras, e hizo mención específica a enfrentamientos en Apure, mención que resulta positiva.
“Reiteramos que las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes y/o sus familiares tienen derecho a participar en los procesos judiciales, tal y como lo garantiza la legislación interna”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU.
En 2020 un tribunal sentenció a 13 años y siete meses de prisión al expresidente de Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk, y a otros cinco directivos los condenó a ocho años y 10 meses, entre ellos a Gustavo Cárdenas.
