El Foro Penal en Bolívar y sociedad civil realizaron un pancartazo para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela, a propósito de los 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El líder pemón de Gran Sabana, Ricardo Delgado, estaba exiliado en Brasil, debido a la persecución del régimen de Nicolás Maduro desde la masacre de Kumarakapay.
Joel García, uno de los defensores de Roland Carreño, señaló que el periodista y dirigente de Voluntad Popular fue privado de libertad. El TSJ lo acusa de ser un “operador financiero” para ejecutar “planes conspirativos y terroristas” contra la administración de Maduro.
En Venezuela mataron al Derecho. No hay Constitución, ni leyes de ningún tipo, ni autoridades judiciales o administrativas independientes y autónomas. El país ha estado en manos de estructuras del crimen organizado cuyo propósito es retener el poder a cualquier precio.
Olnar Ortiz, abogado del Foro Penal, informó que los indígenas tuvieron síntomas similares a los de la COVID-19. Pese a las denuncias en la Defensoría del Pueblo, siguen sin acceso a la salud, en un recinto sobrepoblado y sin agua potable.
El dirigente sindical de Sintraferrominera, Rubén González, durante su tiempo recluido sufrió problemas renales y cardiacos. Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron su liberación, pero no fue hasta que se aproximaran las elecciones que el gobierno ordenara su libertad por segunda vez en 9 años.
Familiares tienen más de cuatro meses sin ver a los detenidos. Además, en el internado judicial de El Rodeo II no han podido entregarles comida, artículos de limpieza ni agua potable.
La Conferencia Episcopal Venezolana expresa su preocupación por la desfavorable situación de las comunidades originarias ante las repercusiones del coronavirus y la violencia minera.
El abogado y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala, resaltó la importancia de que los ciudadanos aprendan a distinguir entre un estado de alarma, un estado de emergencia y una arbitrariedad.
Otoniel Ramos llevaba más de un año preso en la sede de la Dgcim de Boleíta, en Caracas, luego de que lo procesaron sin pruebas de estar involucrado en la falla eléctrica que afectó a todo el país en marzo de 2019.