Las enfermedades, en especial la tuberculosis, fueron la primera causa de muerte en los centros de detención preventivos (CDP) en 19 estados del país, según el informe anual 2020 de la ONG Una Ventana a la Libertad.
Según la ONG, durante 2020 se registraron 143 fallecidos en los centros de detención preventivos por enfermedades, de un total de 208 muertos en estos lugares. 15 detenidos murieron en riñas, cinco en motines y tres por otras causas.
Una Ventana a la Libertad señaló que a la emergencia humanitaria compleja que vive el país, se sumó la pandemia por la covid-19 y el agravamiento de las condiciones del sistema de salud público. Entre las cinco enfermedades que causaron el 87% de las muertes en los CDP, la tuberculosis se ubicó de primera con 86 casos.
La tuberculosis en una enfermedad bacteriana que afecta a los pulmones y se trasmite de un humano a otro a través del aire. Está asociada a la pobreza y malas condiciones de vida, sumado a las dificultades para acceder a servicios de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los presos están expuestos a este padecimiento en particular.
Otras de las enfermedades que afectaron a la población recluida en centros de detención preventivos en todo el país fue la desnutrición, con 13 fallecidos. Los problemas respiratorios (12 muertes), problemas cardíacos (8 muertes) y muertes por dobles padecimientos -tuberculosis y desnutrición- completan el cuadro de reclusos fallecidos.
“Los datos nos hablan de que en realidad hubo 91 casos de tuberculosis al sumar los cinco que también presentaron desnutrición. La tuberculosis es la verdadera pandemia en los CDP”, destacó Una Ventana a la Libertad en su informe.
Las muertes por fugas, relacionadas en la mayoría de los casos al proceso de recaptura de los presos, también es otro de los elementos que señaló la ONG en su informe. De acuerdo con los registros de Una Ventana a la Libertad, 17% del número de fugados falleció durante las recapturas (que las autoridades califican frecuentemente como enfrentamientos), “lo que significa que la mayoría logró permanecer en libertad, aunque su vida esté permanentemente en riesgo”.
Además la ONG afirmó que “la sobrevivencia en los calabozos policiales, que se convirtieron en las nuevas cárceles del siglo XXI, depende de los familiares de la población reclusa, quienes pese a las limitantes de la cuarentena, a la escasez de combustible y a la falta de dinero en efectivo para movilizarse en transporte público, hicieron peripecias para llevarles alimento a sus privados de libertad”.
Hacinamiento en centros de detención
El hacinamiento en los centros de detención preventivos, ocasionado por la negativa del Ministerio de Servicios Penitenciarios a permitir nuevos traslados a las cárceles venezolanas, aumentó también durante 2020.
El número de CDP con problemas de hacinamiento aumentó de 207 a 221 para el final del año, llegando al 80,95% de los 273 calabozos cubiertos por el monitoreo de Una Ventana a la Libertad en 19 estados del país.
Para finales de año, de acuerdo con cifras extraoficiales confirmadas por la ONG, en estos espacios estaban detenidos 22.469 hombres (92,78 %) y 1.749 mujeres (7,22%), para un total de 24.218 presos, cuando el cupo total disponible en los CDP era de 7.457.
En 2020 apenas excarcelaron a 619 personas, es decir, un 2,56% del total de detenidos y detenidas hacinados en estos centros.
La ONG mencionó que también han contabilizado adolescentes detenidos. Los presos han pasado años a la espera de un cupo de traslado a un centro penitenciario, y algunos hasta cumplieron el tiempo de su sentencia en los centros de detención preventivos.
El uso y abuso de estos calabozos como cárceles de larga estadía es una violación de cada una de las personas detenidas que se encuentran en los mismos, afirmó la ONG. “En más del 60% de las muertes que se registraron en estos retenes policiales se debieron a enfermedades prevenibles y tratables. El único que puede solucionar el caos que cada vez más está llevando a la muerte a venezolanos en estos centros de detención preventiva es el Estado Venezolano”.
Torturas a detenidos
La ONG Una Ventana a la Libertad también registró el año pasado 291 detenidos lesionados, la mayoría de ellos (131) por “exceso de fuerza” de los funcionarios policiales encargados de la custodia, mientras que 81 presos denunciaron torturas, 57 resultaron heridos en motines o riñas, 16 fueron heridos por perdigones, dos reclusos denunciaron haber sido violados, y tres ser heridos con fúsiles.
“No importa que los números sean aparentemente bajos: el exceso de fuerza, el abuso sexual y la tortura son ilegales, y estos hechos deben ser sometidos a averiguación a fin de que no queden impunes”, mencionó la ONG.
Una Ventana a la Libertad recalcó que la violencia y la impunidad al ser denunciadas estas agresiones hacen mucho más difícil la permanencia dentro de los centros de detención preventivos. “Queremos dejar sentado que una sola persona detenida sometida a una de estas condiciones es una víctima de un acto ilegal o violencia institucional. Estas personas además están bajo custodia del Estado, el cual debe velar por su seguridad, por su integridad personal, por su vida y calidad de vida”.
