El caso de Carmen Navas y el testimonio del ex preso político Guillermo López exponen la urgencia de que La Haya acelere la investigación por crímenes de lesa humanidad.
La actuación efectiva de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela es una urgencia humanitaria. Durante años, miles de víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos han documentado de forma rigurosa detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. Sin embargo, el ritmo de la justicia internacional sigue sin compasarse con las expectativas de quienes han sufrido estas agresiones.
Mientras los procesos en La Haya avanzan, el tiempo en Venezuela sigue cobrando vidas. Muchas personas fallecen en la sombra, sin conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos ni ver sancionados a los responsables.
El rostro más reciente es el de Carmen Teresa Navas, una madre de 82 años. Durante 16 meses, Carmen recorrió cárceles, tribunales e instituciones públicas buscando rastros de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, detenido en enero de 2025. Tras más de un año de incertidumbre, las autoridades confirmaron que Víctor había fallecido bajo custodia estatal y había sido sepultado sin el conocimiento de su familia. Días después de recibir la devastadora noticia y despedir a su hijo, el corazón de Carmen Teresa no aguantó más y también falleció, dejando un profundo sentimiento de indignación dentro y fuera del país.
El laberinto de “Venezuela I”
Mientras la CPI mantiene abierta la investigación conocida como “Venezuela I”, que se encarga de investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, la Fiscalía del tribunal insiste en que las pesquisas “continúan avanzando”. Pero en las calles y en las prisiones venezolanas, la burocracia internacional se traduce en desesperanza.
Entre quienes aguardan resultados tangibles se encuentra Guillermo López, abogado, dirigente político de Vente Venezuela y ex preso político del estado Trujillo. En entrevista para El Nacional, López relató el calvario de su arresto, que se extendió desde el 23 de enero de 2024 hasta el 1 de febrero de 2026.
Fueron más de dos años marcados por la incertidumbre absoluta y la fractura familiar. “No existen palabras para describir el sufrimiento que vive una familia cuando uno de sus seres queridos es encarcelado por razones políticas”, afirmó el dirigente.
Al ser consultado sobre el trágico destino de Carmen Navas y su hijo, López sostuvo que estas historias son el reflejo exacto de por qué los mecanismos internacionales no pueden seguir postergando sus decisiones. El caso de Navas ya se ha convertido en un doloroso símbolo para cientos de hogares venezolanos.
“Sin duda, esperamos una justicia internacional más eficiente. Muchas víctimas sienten frustración ante la lentitud de los procesos; las respuestas no han estado a la altura del sufrimiento de miles de venezolanos. Cada día que transcurre sin avances concretos representa un día más de dolor para familias que continúan esperando verdad, justicia y reparación”, expresó López.
Una última ventana de esperanza
Pese al desgaste y a la prolongada espera, López señala que las víctimas se aferran al trabajo de la CPI como una de las pocas vías institucionales que quedan para combatir la impunidad estructural en el país. El anhelo generalizado es que los investigadores de la corte puedan desplegarse plenamente en territorio venezolano, logrando un contacto directo y sin filtros con los afectados, bajo los mecanismos de cooperación que la propia Fiscalía de la CPI ha anunciado.
Cada caso sin resolver y cada madre que muere con las manos vacías son un recordatorio de que la justicia que se retrasa demasiado se parece mucho a la impunidad. En Venezuela, la fe en la justicia penal internacional sigue viva, pero el tiempo se agota.
