El ministro de Interior y de Justicia, Remigio Ceballos, informó que durante la intervención en el Internado Judicial Trujillo fueron incautadas 168 armas de distintos tipos.
Precisó que se encontraron 50 armas cortas, seis armas largas, cien armas blancas, tres subametralladoras y nueve granadas de mano, además de 107 cargadores de distinto calibre, 2 mil cartuchos y 28 teléfonos celulares.
Indicó que 503 presos que se encontraban en el centro penitenciario serán trasladados a recintos de otras zonas del país, como ocurrió en los casos anteriores. No precisó a dónde son llevados.
El funcionario aseguró que aún falta una cárcel por “liberar” en el marco de esta “gran operación de combate contra el delito”.
“Este es el sexto centro penitenciario que hemos liberado de los siete que requerían intervención directa. Hoy podemos decir que tenemos 80 centros penitenciarios en Venezuela y están bajo control, como nunca antes en la historia de nuestro país”, aseveró.
Indicó que, gracias a estas intervenciones enmarcadas en la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, el Gobierno ha acabado “definitivamente” con las estructuras criminales “que amenazaban al pueblo y causaban daño también a los internos”.
Más temprano, Ceballos confirmó la intervención del Internado Judicial de Trujillo en el marco de la operación Gran Cacique Guaicaipuro. Denunció una vez más que dentro de las instalaciones funcionaba una estructura criminal.
“Se han conseguido armas y material utilizado para el crimen. Eso lo vamos a mostrar posteriormente. Estamos en fase de requisas. Ha sido intervenido, liberado y controlado (…) para pasar a régimen de trabajo, disciplina y educación”, dijo.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó la noche del martes que familiares de reclusos manifestaron su preocupación por un “movimiento inusual” de funcionarios pertenecientes a distintos cuerpos de seguridad en las inmediaciones del recinto carcelario; tal y como ha ocurrido durante la toma de cinco penales en el país.
Según el OVP, los familiares de los privados de libertad temen que los internos sean trasladados a otras cárceles sin ningún tipo de información por parte de las autoridades. Argumentan que en las tomas de otros penales no ha habido listados ni información oportuna.
