Familiares piden al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) celeridad en el proceso de búsqueda de José Pascual Aponte, comerciante informal, de 49 años de edad, que está desaparecido en el sur de Bolívar desde hace cuatro meses.
José Pascual vende alimentos en las minas desde hace más de cuatro años. La última vez que su familia supo algo de él fue el 2 de agosto. Relataron que el hombre iba de salida desde Upata hasta Tumeremo, municipio Sifontes, para comprar mercancía y venderla en la mina Robin Rico.
Sus parientes temen que nunca haya llegado a su destino. Desde que perdieron comunicación con él han acudido al Cicpc para interponer la denuncia por desaparición y hacer seguimiento al proceso de búsqueda, pero reportan falta de voluntad de la Policía científica para buscar a su pariente.
“Me cansé de ir mensualmente, y cuando iba me decían que no habían comenzado a buscar, que estaban por hacerlo. Al final no hemos sabido nada”, reportó Yelimar Aponte, hermana del comerciante.
La última vez que lo vieron, José Pascual vestía una franela blanca con pantalón azul y unos zapatos deportivos grises. También portaba un morral negro con azul.
El hombre es delgado, de baja estatura, tez morena y cabello castaño oscuro. No tiene tatuajes ni cicatrices.
De tener información sobre su paradero, familiares ponen a disposición el número 0426-1923412.
35 desaparecidos en un año
Las desapariciones en los territorios mineros de Bolívar van en aumento. Hasta el último reporte de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con Correo del Caroní, 35 personas han sido reportadas como desaparecidas, entre junio de 2020 y junio de 2021.
Son las minas el punto en el que convergen mineros, vendedores informales, trabajadores domésticos y trabajadores sexuales en búsqueda de ingresos que les permitan paliar la crisis económica del país.
En el trayecto quedan atrapados en una dinámica de violencia impuesta por grupos armados que operan con la tolerancia del Estado venezolano y funcionarios públicos cuya presencia en el territorio no se traduce en seguridad, sino en más violencia.
Ninguna de las personas que denuncia ante el Cicpc la desaparición de su familiar ha recibido apoyo del Estado. Lo único que queda para las familias es acudir a las redes sociales y la prensa para buscar a su pariente, toda vez que se enfrentan a posibles amenazas y extorsiones de bandas delincuenciales.
