Ninguna autoridad regional o municipal se ha pronunciado por la manifestación que mantienen mineros de la mina El Cacho San Isidro, en Tumeremo, desde el viernes 14 de abril tras el desalojo de la misma.
Los cuatro costados de la región Guayana están en paulatina destrucción. Son las nuevas “Casas Muertas” de Otero Silva, el “Pueblo Blanco” al que le cantaba Serrat y los “Pueblos Tristes” de un dueto venezolano.
Pequeños mineros de la mina El Cacho San Isidro, en Tumeremo, protestaron este viernes luego de no permitírseles el ingreso a la zona donde laboran desde hace varios años.
El Estado tiene la obligación de emprender una investigación rigurosa para establecer la causa de muerte de estas personas, su identidad y quiénes son los responsables, así como procurar justicia, reparación y la no repetición de este hecho que sucede desde hace más de cinco años.
Para el partido Primero Justicia lo que sucede en Tumeremo es resultado de lo permisivo que ha sido el Estado venezolano ante la proliferación de la minería ilegal.
Desde el 17 de octubre, la Fuerza Armada aplica desalojos de mineros de campamentos presuntamente ilegales. Sin embargo, los afectados alegan tener permiso y pagar impuestos a la CVM.
Habitantes de diferentes poblados del municipio Sifontes en el estado Bolívar han hecho protestas pacíficas en rechazo a la incursión militar en la mina del sector Imataca. Los mineros denunciaron el robo de sus pertenencias, la quema de sus campamentos y de la iglesia del pueblo.
Recientemente se inició la operación Autana, con la que conjuntamente comenzaron las denuncias de mineros y la comunidad de Tumeremo por presuntos atropellos militares.
Los mineros aseguran que cuentan con todos los permisos y están avalados por la Corporación Venezolana de Minería. “El Ejército nos está atropellando, nos está quemando todo y nos están maltratando”, dijo una afectada.
