Las desapariciones se han convertido en un flagelo que las autoridades suelen “ignorar”. A juicio de la directora de FundaRedes, Clara Ramírez, el Estado niega a los desaparecidos porque asumir que los tiene es reconocer que algo está muy mal.
La líder del partido, María Corina Machado, denunció ante la opinión pública el secuestro de dos coordinadores estadales y actos vandálicos en más de 10 sedes del partido en el país.
Mientras los equipos de emergencias buscaban a los desaparecidos en edificios derruidos y al menos un alud de tierra, la gente que había perdido sus hogares se preparaba para pasar una fría noche invernal en carpas.
Miembros del comité de familiares aseguran que el Ministerio Público ha llevado las averiguaciones “a destiempo, de forma negligente y precaria”.
El comité técnico binacional se encargará ahora de activar mecanismos para iniciar la búsqueda de fosas y restos que permitan la identificación y entrega digna a familias de los desaparecidos.
La oenegé Provea aseveró que la detención arbitraria de los trabajadores, así como su desaparición forzosa representan crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado venezolano.
Familiares denuncian tener más de una semana sin comunicarse con los apresados. Saben que hay una orden de traslado a una cárcel en Caracas, pero no tienen certeza de si los sindicalistas ya están allí.
Los afectados entregaron un documento al Ministerio Público para solicitar celeridad en las averiguaciones de desaparecidos en altamar.
Organizaciones de víctimas calculan que los paramilitares del Frente Fronteras incineraron en los hornos a unas 500 personas para desaparecerlas y borrar toda evidencia de sus crímenes bajo el mando de Jorge Iván Laverde, alias ‘el Iguano’.
Las órdenes fueron ejecutadas por Jorge Iván Laverde, alias ‘Iguano’, quien tras las denuncias e investigaciones de la Fiscalía de Cúcuta sobre la existencia de hornos para incinerar personas, decidió que las víctimas fuesen enterradas en territorio venezolano.