La organización no gubernamental Control Ciudadano contabilizó 51 asesinatos a manos de organismos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional (FAN) durante diciembre de 2021. La ONG señaló que los crímenes se registraron en operaciones que se desarrollaron en 11 entidades federales del país.
“Muertes que fueron justificadas por el Estado venezolano por tratarse de presuntos ‘enfrentamientos con delincuentes’, pero que podrían ser denominadas en la mayoría de los casos ‘ejecuciones extrajudiciales’, violándose el derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso”, aseveró Control Ciudadano a través de una nota de prensa publicada este jueves en su portal web.
En el registro que adelanta Control Ciudadano, cuya fuente es el monitoreo mensual de medios de comunicación que dan cuenta de las personas asesinadas a manos de policías y militares, se pasó de 73 ciudadanos en el mes de noviembre a 51 en el mes de diciembre de 2021.
De acuerdo a la investigación realizada por la organización fueron 11 los estados del país en el que se publicaron notas sobre personas fallecidas como resultado de presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado. Entre ellos Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo y Zulia. Siendo Miranda, Carabobo, Zulia, Trujillo y Bolívar, las cinco regiones con la mayor incidencia de casos.
Control Ciudadano en su registro señaló a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), seguido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía de Carabobo (PoliCarabobo), como los presuntos organismos involucrados en los denominados “enfrentamientos”.
La organización advirtió que el análisis de los datos deja en evidencia como cada vez más se están involucrando las policías estadales y las policías municipales en esta práctica que parece ser una política de Estado.
“En diciembre, PoliAragua, PoliCarabobo y PoliMiranda, pero también las policías de los municipios Guaicaipuro, Lagunillas y PoliSucre, entre otras, estuvieron involucradas en presuntos enfrentamientos, cuyos resultados también arrojaron abatidos, como indica el monitoreo”, agregó.
Por otra parte resaltó que en la mayoría de los procedimientos participan comisiones mixtas de policías y militares, sin determinarse claramente la línea de mando u oficial responsable de la operación, lo que dificulta la determinación de responsabilidades, en caso de violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, señala Rocío San Miguel: “Esto forma parte de la llamada unión militar-policial que se pregona como nueva política de seguridad, cuya actuación en el mes de diciembre dejó un saldo de 8 abatidos”.
Control Ciudadano instó al Ministerio Público, para que en todos los casos de personas asesinadas a manos de funcionarios de seguridad se adelanten las investigaciones correspondientes y que permitan determinar responsabilidades de ser el caso.
