
El arresto de la experta en seguridad supuestamente está relacionada con las investigaciones que está llevando a cabo el Gobierno en relación con los casos de conspiración denunciados por Maduro el pasado 15 de enero en la Asamblea Nacional.
Desde julio, la Fuerza Armada Nacional lleva a efecto múltiples operativos en Yapacana que han resultado en la expulsión de más de 14 mil personas señaladas como “mineros ilegales”.
La ONG destaca que la recuperación de la plena soberanía en la frontera “solo será posible cuando se reconozca oficialmente que el enemigo a combatir para la FAN es la guerrilla colombiana que se está consolidando cada vez más en los estados Amazonas y Bolívar”.
A través de un comunicado, la ONG Control Ciudadano advirtió que el Gobierno recientemente identificó como ‘terroristas armados narcotraficantes de Colombia y de Venezuela’ a un grupo irregular que combate la FAN en varios estados.
El documento especifica que el Ministerio de la Defensa designará al pago de personal unos 887 millones de bolívares, que alcanzarían apenas para cancelar 16,7 bolívares mensuales a cada efectivo, poco más de un dólar por funcionario.
La ONG Control Ciudadano destacó que en lo que va de 2022 han ocurrido cuatro accidentes de aeronaves militares en Venezuela, con un saldo de ocho funcionarios fallecidos.
La asociación civil divulgó este 31 de marzo su informe, en el que revela que la burocracia militar ha crecido tanto en las últimas décadas que hoy en el país hay más de 44 compañías militares, todas adscritas al Ministerio para la Defensa.
El accidente fue confirmado por el alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, a través de su cuenta de Twitter, pero no se refirió a los muertos.
La organización destacó que la administración de la explotación de servicios petroleros, de gas y explotación minera, “implica enormes recursos de la Nación, entregados al manejo de los militares, sobre los cuales debe existir transparencia, memoria y cuenta que no se está rindiendo al país”.
El monitoreo de la oenegé indica que en 11 estados del país se publicaron notas sobre personas fallecidas por presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad estatales, entre ellos: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, Miranda, Monagas y Nueva Esparta.