@mlclisanchez
El observatorio de derechos indígenas Kapé Kapé y la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) exhortan al Estado venezolano a investigar con prontitud de forma exhaustiva e imparcial el asesinato de cuatro personas -por parte de grupos armados- en la mina El Silencio del Bajo Caura, en el estado Bolívar, entre estos, el capitán general del pueblo jivi, Nelson Pérez.
Este hecho ocurrió el miércoles 28 de abril y fue reportado por las autoridades este jueves. El conflicto obedece a un ataque de un grupo armado que opera en el sitio, no hay confirmación de si se trata de la guerrilla colombiana o el pranato minero.
El grupo armado se enfrenta contra comunidades indígenas piapoco, pemón y payaguaipure por el control del yacimiento. El director de la oenegé Fundaredes, Javier Tarazona, reportó nuevos asesinatos en la zona este 29 de abril sin cifras oficiales confirmadas de heridos hasta ahora.
Las organizaciones exigen al Estado verificar la integridad de otras personas involucradas en la disputa territorial, así como la garantía del acceso a la salud de quienes resulten heridos.
En El Silencio, yacimiento aurífero, han muerto dos capitanes indígenas, y han desaparecido otros dos líderes indígenas desde 2018 hasta el momento, en medio de enfrentamientos con grupos armados sin que el Estado intervenga.
Los líderes indígenas han solicitado al Estado la protección de sus territorios. La minería ilegal y la violencia que trae consigo nunca debió entrar a sus tierras, pero hoy se enfrentan con arco y flecha a las armas de bandas armadas relacionadas o no con la guerrilla sin garantías de protección.
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Fragmento comunicado conjunto Kapé Kapé y Codehciu Solicitamos firmemente a las autoridades del Estado venezolano: 1. Garantizar la seguridad de los pueblos indígenas con reconocimiento de sus derechos fundamentales, propios y vitales en resguardo de su identidad cultural como pueblos. 2. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a la muerte de estos 4 venezolanos, con el fin de establecer los hechos y las responsabilidades a los fines de obtener justicia. 3. El cumplimiento estricto de la garantía del debido proceso. 4. Verificar el estado de la integridad personal de otros indígenas o criollos involucrados en los hechos. 5. Garantizar el derecho a la salud, particularmente en el caso de que haya indígenas heridos, tomando en cuenta las precarias condiciones socioeconómicas en las que sobreviven. |
