Han transcurrido 19 días desde la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y aún su defensa no se ha podido juramentar, por lo que el abogado Joel García afirma que tanto el estado de ella como el de Alejandro González de Canales, coronel retirado y expareja de la abogada San Miguel, “es de total indefensión e incomunicación”.
De González de Canales no se sabe nada desde el arresto porque con él no ha existido ningún tipo de comunicación con familiares, hijos, ni amigos. Sin embargo, el abogado García informó que fue “trasladado a El Rodeo I”, una de las cárceles más importante del estado Miranda, ubicada a 39,6 kilómetros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde primero estuvo recluido.
Aunque la hija de Rocío San Miguel, Miranda Díaz, pudo verla el pasado 18 de febrero en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, ubicada en la zona centro-sur de Caracas y donde hay presos políticos y comunes, tras la mediación de la Embajada de España, hasta la fecha no ha habido nueva comunicación con la directora de la ONG Control Ciudadano.
Ambos acusados tienen defensores públicos, pero estos no se han comunicado ni una sola vez con parientes de ninguno para explicar el estatus del caso, lo que el abogado Joel García asegura es estar sin defensa.
Protesta a favor de Rocío San Miguel
El abogado García hace un llamado al Poder Judicial para que le permita a la defensa de los detenidos “contravertir esa versión” y que no sea a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, sino por medio del debido proceso, que recuerda existe para “llevar al proceso los medios de convicción que estiman van a hacer ver que Rocío San Miguel y Alejandro González de Canales no tiene nada que ver con esa trama del ‘Brazalete blanco”.
Brazalete blanco fue una supuesta conspiración denunciada por las autoridades que tendría como fin asaltar varios cuarteles del país, para finalmente asesinar a Nicolás Maduro y a otros dirigentes del oficialismo. A juicio de García, “pareciera que en esa trama van a meter a todo el mundo con la excusa de conspiración, todos somos conspiradores en Venezuela”.
Aunque Joel García explica que el Consulado de España ha hecho lo que la Convención de Viena le permite en el artículo 36, sostiene que no han podido hacer nada más porque el Estado venezolano -por el derecho interno- es el que decide.
Pese a que nadie ha visto a Rocío San Miguel, por medio del Consulado de España sí se le ha permitido el ingreso de insumos de aseo personal, ropa y comida.
Varios defensores de derechos humanos, en su mayoría mujeres, recolectaron cartas y libros para hacerlos llegar a San Miguel, pero los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no permitieron el ingreso de estos objetos, por lo que dijeron que se los entregarían a los representantes de la Embajada de España para su entrega.
García también se refirió al arresto del capitán Anyelo Heredia y a los videos que ha expuesto el Ministerio Público, en los que se autoincrimina y acusa a otras personas, y dice que el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal establece que las declaraciones no se pueden hacer en un órgano policial y que debe ser ante un juez y en compañía de su defensa. “Esos videos que se exhiben no constituyen medios de prueba”.
