Argentina denuncia detención de un segundo funcionario en Venezuela
13 Dic, 2024 - 10:54 PM
Desde que fue detenida en febrero, a San Miguel no le han permitido designar a sus abogados de confianza. Se desconoce si para realizar la operación de hombro podrá tener acceso a médicos escogidos por ella o su familia.
Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, Provea y Frente Amplio de Mujeres, han condenado la detención y exigido la liberación inmediata, según una medida cautelar otorgada por la CIDH.
El dirigente opositor ha destacado la necesidad de que el mundo escuche el testimonio de las madres de niños apresados, torturados y llevados a un juicio “sin base ni razón”.
Provea recordó que San Miguel fue víctima de desaparición forzada en el aeropuerto de Maiquetía por más de tres días desde el 9 de febrero, cuando se disponía a viajar con su hija Miranda y otros miembros de su familia al exterior.
La experta en temas militares fue acusada de los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. El Tribunal 2 de Control con Competencia en Terrorismo acordó su privativa de libertad.
San Miguel, acusada por el Ministerio Público de su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
El abogado Joel García criticó el hecho de que los acusados se enfrenten a una “audiencia preliminar sin llevar ningún medio de prueba a su favor y sin poder defenderse de la acusación”.
Gabriela Buada considera que aunque la persecución política hacia las mujeres tiene amplios objetivos siempre la intención es silenciar sus voces, deslegitimar y controlar su participación en la vida política, pública y social del país.
Ambos acusados tienen defensores públicos, pero estos no se han comunicado ni una sola vez con parientes de ninguno para explicar el estatus del caso, lo que el abogado Joel García asegura es estar sin defensa.
Más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela rechazaron lo que asegura como una arbitraria detención de la activista en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar con su hija.
