El pasado 20 de marzo, en su actualización frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela alertó sobre la reactivación de una “modalidad más violenta de represión” contra la sociedad civil en el país, basada en detenciones políticas y la instauración de un clima de temor para restringir el ejercicio de derechos fundamentales.
11 días más tarde, la Asamblea Nacional 2020 aprobó, en primera discusión, el “proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, un instrumento que, a juicio de expertos consultados por TalCual, cerca casi en su totalidad al espacio cívico venezolano e impone una mayor criminalización, con el objetivo de inhibir los reclamos y participación en tiempo electoral.
Para el Laboratorio de Paz, Provea y Civilis Derechos Humanos, el proyecto de ley contra el fascismo es un nuevo instrumento que limita directamente las libertades de expresión, asociación y reunión, por medio de un articulado que impone sanciones penales y multas a discrecionalidad de la persona o grupo encargado de su aplicación.
Tanto Civilis como Provea destacan que el proyecto de ley es una “amenaza latente” que no puede analizarse de forma aislada, pues forma parte del entramado creado con el instrumento que fiscaliza las ONG, la Ley contra el Odio, de Defensa sobre el Esequibo o sobre Seguridad de la Nación.
El Laboratorio de Paz agrega que esta normativa apunta a institucionalizar la persecución por razones ideológicas y eliminar la pluralidad política en el país. “Sólo el hecho de promover una normativa de esta naturaleza, sea o no aprobada, genera un efecto inhibitorio en los actores sociales y políticos, así como en las organizaciones. Siendo ratificada, puede ser un ejemplo emblemático de cómo una ley punitiva genera consecuencias sin ser finalmente aplicada contra nadie”.
También se afirma que la aprobación final o su reversión puede convertirse “en un elemento adicional en la mesa de negociación y acuerdos, o en cualquier espacio paralelo de controversias entre el campo democrático y el gobierno”.
En todo caso, la ONG reitera que esto es un avance en “la construcción de un modelo de gobierno totalitario en el país, agravando aún más las garantías para el disfrute de los derechos humanos de la población y alejándonos de la posibilidad de allanar el camino a una transición a la democracia”.
Represión en tiempos electorales
Desde inicios del año, la administración de Maduro ha denunciado diversas conspiraciones que supuestamente implican a militares, dirigentes políticos y activistas de derechos humanos, como Rocío San Miguel.
Debido a un pronunciamiento sobre ésta última, la Cancillería anunció la expulsión de los funcionarios de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentes en el país por un memorando de cooperación firmado y ratificado desde 2019.
Dicha oficina, al igual que la Misión de Determinación, también hizo énfasis en su último informe en las restricciones al espacio cívico y democrático, “incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición”.
Desde Provea se ha calificado la escalada represiva desde finales del mes de enero como una ‘furia contra los derechos humanos’, citando a Nicolás Maduro con su ‘furia bolivariana’.
“Se han traspasado líneas rojas, líneas peligrosas en materia de escalada represiva y persecución política. Lo que hemos denunciado nos habla de un panorama bastante grave en materia de represión política”, dice Oscar Murillo, coordinador general de la organización.
Destaca que este último proyecto de ley impulsado desde el Ejecutivo, “no contribuye en nada en generar un clima de convivencia política y democrática, más bien viene a alentar la persecución, la represión y la discriminación”.
A juicio de Provea, es preocupante la discrecionalidad y arbitrariedad “que ya son conocidas como naturaleza propia de este gobierno”, para la aplicación de este instrumento. “Estamos viendo cuáles son las prioridades del Gobierno venezolano, que busca criminalizar la disidencia, acallar las voces críticas, y con esto se cierran estos espacios para que en Venezuela podamos encauzar una salida pacífica y electoral”.
Murillo agrega además que este tipo de acciones no contribuyen ni benefician a la sociedad venezolana, “que está clamando no solamente la posibilidad de que se le respete y garantice el derecho a elegir, sino cómo esto va a repercutir en un contexto electoral para generar el favorable clima de discusión y reflexión política sobre aquellos temas que son de general interés para los venezolanos como la salud pública, la educación, la vialidad y los servicios básicos”.
Lamenta que el periodo electoral, “que debe ser utilizado para mejorar la visión de este país, se esté utilizando, se esté manipulando desde las esferas del poder para concentrarnos y ocuparnos en denunciar, reclamar y divulgar ante la comunidad internacional este contenido de ley”.
¿Cerca de Nicaragua?
En Civilis, a diferencia de otras organizaciones, afirman que el espacio cívico ya se encuentra cerrado debido a las restricciones que enfrenta la sociedad civil y sus distintas expresiones para reclamar y movilizarse en torno al respeto a los derechos humanos y la democracia.
Mario D’Andrea, abogado y director de Civilis Derechos Humanos, aclara que el “escenario Nicaragua” es distinto debido a la utilización de normativas, cuestión que todavía no se ha aprobado en Venezuela, para silenciar y cerrar organizaciones. Se estima que más de 3.500 organizaciones han sido cerradas por el régimen de Daniel Ortega tras las protestas antigubernamentales de 2018 a través de ministerio y otras instancias de “regulación”.
“Nicaragua es el espectro más cercano pero no necesariamente nos va a pasar igual. Hay un informe de la CIDH sobre el espacio cívico de Nicaragua, y nosotros tenemos todo lo que ellos tienen a excepción de las normas para el cierre de organizaciones”, dice.
También coinciden con la Misión de Determinación de Hechos sobre que en Venezuela, hay un sistema represivo que se activa “en la medida de que las circunstancias o intereses del Estado para que eso ocurra se presenten. No es coincidencia de que un sistema represivo sea selectivo y eso evidencia la existencia o razones creíbles para crímenes de lesa humanidad, porque hay una persecución específica y selectiva contra grupos poblacionales, es decir, personas opositoras o percibidas como tales. Eso refuerza ese argumento”.
Insiste en que el proyecto de ley contra el fascismo y aquellos proyectos de fiscalización, no solo afectan a las ONG, sino que generan una “validez del discurso” para las autoridades. “En este caso hay un pensamiento que es válido y otro inválido. Eso significa que usted o está obligado a pensar con base a lo que el Estado considera que es legítimo o no lo está, y eso nos afecta a todos”.
Escenario a futuro
Mario D’Andrea puntualiza que “estamos en un contexto muy grave. Naturalmente, el poder necesita de unas elecciones que le sirva para poder continuar con sus fines, y en la medida que nos acerquemos a la fecha (las detenciones) se va intensificando”.
D’Andrea evalúa algunas fechas cercanas que podrían detonar eventos represivos, como el plazo dado por Estados Unidos para decidir sobre las sanciones (18 de abril), si Guyana continúa con el desconocimiento a convenios firmados con Venezuela o si la campaña no logra movilizar lo suficiente. “Se busca una sociedad hecha a la medida, un discurso hecho a la medida, un pensamiento hecho a la medida del poder”.
Para Oscar Murillo, los meses antes de las elecciones serán movidos. “Nos toca a la ciudadanía activa, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios de comunicación, actores nacionales y sobre todo a una comunidad internacional que la necesitamos con urgencia, no de a ratos, para detener esta escalada represiva y tener la posibilidad de unas elecciones libres el 28 de julio”.
Provea hace un llamado al Estado venezolano y las partes “para que podamos realmente aprovechar este tiempo electoral para contrastar las visiones de país, que se garanticen los derechos electorales y el pueblo pueda expresarse libremente”.
