SOS Orinoco reporta la presencia de minería ilegal en el río Cunucunuma de Amazonas
13 Dic, 2024 - 10:43 AM
El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el martes 2 de abril en primera discusión un proyecto de ley contra el “fascismo”, que establece prisión de hasta 12 años y elevadas multas.
Para comprender la situación sobre este proyecto de ley, TalCual realizará el primer forochat a través de WhatsApp con el abogado Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia.
Para Laboratorio de Paz, Provea y Civilis Derechos Humanos, el proyecto de ley contra el fascismo es un nuevo instrumento que limita directamente las libertades de expresión, asociación y reunión.
El Consejo Universitario consideró que la ley propuesta “hace una indebida asociación de fobias con algunas de las grandes tradiciones ideológicas admisibles en cualquier democracia sustentada en el valor del pluralismo político”.
La aplicación de las leyes antifascistas en Venezuela será la herramienta para justificar la represión de cualquier índole de oposición, y no necesariamente relacionada con el fascismo.
A Maduro le han dejado solo y desnudo. Apenas le resta seguir en el ejercicio arbitrario del poder que ha secuestrado para sostenerse. No está dispuesto a medirse en unas elecciones libres con los venezolanos.
El anteproyecto de Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares (que en realidad aún no ha sido aprobado en una segunda discusión en la Asamblea Nacional) abre la puerta para potenciales medidas discrecionales contra opositores y críticos del gobierno.
El proyecto de ley establece dos tipos de sanciones penales y administrativas, respectivamente, contra aquellas personas, movimientos u organizaciones sociales o privadas que soliciten, invoquen, promuevan o ejecuten acciones violentas o hagan apología del fascismo.
Para Alonso Domínguez, director de Un Mundo Sin Mordaza, una eventual aprobación de esta y la Ley contra el odio, significan un “peldaño superior y una escala distinta” en las amenazas contra periodistas y la ciudadanía en general.
Desde la opinión del economista, “busca aumentar la censura de los medios de comunicación, limitar las manifestaciones y proscribir partidos políticos y organizaciones sociales”.
