A propósito de la nueva Ley Orgánica de Minas, persiste el debate sobre el futuro de la actividad minera en Venezuela. Al respecto, el ingeniero Cecilio Pineda, director laboral de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el exilio, “cualquier intento de reforma legal será insuficiente mientras no se esclarezcan las responsabilidades políticas, económicas y ambientales derivadas de más de dos décadas de desfalco y destrucción socialista sobre los recursos minerales del país”.
En ese sentido afirmó que la crisis empezó con la Ley de Minas de 1999, aprobada en el primer año del gobierno de Hugo Chávez. Para entonces se presentó como una herramienta para fortalecer la soberanía nacional sobre los recursos del subsuelo, pero -afirmó- terminó sentando las bases de un modelo que derivó en pérdida de control institucional, corrupción y expansión de actividades extractivas fuera de los mecanismos tradicionales de supervisión del Estado.
Luego, en 2016, durante la gestión de Nicolás Maduro vino la creación del Arco Minero del Orinoco, que abarca más de 111 mil kilómetros cuadrados del estado Bolívar, y que se promovió oficialmente como uno de los principales motores económicos del país.
Sin embargo, Pineda cuestiona que la iniciativa avanzó sin considerar adecuadamente la complejidad ambiental y territorial de la región, donde convergen reservas forestales, cuencas hidrográficas estratégicas y ecosistemas de enorme valor para Venezuela.
Además, agregó, el desarrollo del Arco Minero coincidió con la expansión de estructuras armadas irregulares y organizaciones criminales que terminaron por tener influencia sobre importantes zonas de explotación aurífera, permitiéndose un modelo de minería ilegal ante la falta de controles efectivos.
“El oro que debía convertirse en desarrollo para Venezuela terminó alimentando un sistema de impunidad y corrupción”, sostiene.
Daños incontables
Por otra parte, Pineda se refirió a los daños ambientales acumulados durante la última década, como la deforestación acelerada, la contaminación de ríos por mercurio y la afectación de comunidades indígenas.
Asimismo mencionó la proliferación de acuerdos de explotación minera en pequeña escala. Estimó que solo en el municipio Sifontes existirían miles de alianzas vinculadas a actividades extractivas, lo cual plantea enormes desafíos en materia de control, fiscalización y seguridad jurídica.
A ello se suma la incertidumbre relacionada con antiguas concesiones que en su momento se otorgaron a empresas privadas y que posteriormente el Estado venezolano las expropió. Recordó que varias de esas compañías obtuvieron decisiones favorables en instancias internacionales, mientras muchas de las áreas originalmente concesionadas fueron posteriormente reasignadas bajo nuevos esquemas de explotación.
Pineda afirmó que este escenario configura un complejo entramado criminal, económico y administrativo que la nueva legislación interina no podrá resolver.
“Lo otro, es que hay allí muchos militares generales o de alta jerarquía con minas, como también altos funcionarios en ejercicio igualmente con minas. Además de políticos y delincuentes extranjeros, muchos de estos nacionalizados venezolanos. Así que esto no está fácil, por ahora, porque no se quiere hacer una limpieza a fondo”, cuestionó.
Pineda afirmó que entre los grandes beneficiarios estarían: Nicolás Maduro, Cilia Flores e hijos; Nicolás Maduro Guerra, Delcy y Jorge Rodríguez, así como el general Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y Mikel Moreno.
El director laboral aseguró que estos poseen minas de 25 a 40 hectáreas. “Estamos hablando de un total aproximado de 2 millones de dólares por mina mensual y 1,4 millones/mes de ganancia, a un precio de 2.500 dólares la oz troy”.
“Todo este oro sale de contrabando vía Dubai o Qatar, dos a tres vuelos semanales desde Macagua o Puerto Ordaz. Por el oro que se embarca en esos vuelos cobra Nicolás Maduro (aún preso) sino eres de ese grupo elite”, insistió.
La nueva ley y el interés internacional
Pineda también observa con cautela el contexto político que rodeó la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Minas. A su juicio, la rapidez con que fue sancionada refleja la influencia de Estados Unidos en abrir la inversión extranjera hacia el sector, particularmente en momentos en que Venezuela está en un proceso de transición política tutelada por la administración de Donald Trump.
Aunque se declara favorable a la inversión privada bajo reglas claras y supervisión institucional, sostiene que el país no puede construir una nueva etapa minera sin antes abordar y hacer justicia de las consecuencias del modelo anterior.
“Antes de hablar de nuevas inversiones, el país tiene derecho a saber qué ocurrió con la riqueza extraída durante todos estos años. Quiénes se quedaron con esas riquezas. Depurar los encargados de los organismos que deberían ser rector y auditor en este sector. Antes de abrir nuevos negocios, debe haber verdad, rendición de cuentas y justicia”, exigió.
Por otra parte insistió en que el principal desafío de Venezuela es recuperar la libertad y democracia para poder rehacer la institucionalidad perdida.
Afirmó que Guayana posee una de las mayores reservas de riqueza natural de América Latina y que su potencial sólo podrá aprovecharse plenamente mediante organismos técnicos autónomos, transparencia administrativa y respeto al Estado de derecho.
Para el dirigente laboral, la recuperación del sector minero venezolano pasa necesariamente por una transformación institucional profunda que permita restaurar la confianza, garantizar la protección ambiental y asegurar que los recursos naturales beneficien efectivamente a toda la nación.
“Guayana nunca necesitó milagros. Siempre tuvo recursos, talento humano y capacidad técnica. Lo que le faltó fue un Estado que protegiera esas riquezas en lugar de convertirlas en instrumento de poder y corrupción”, concluye.
Aunque la nueva Ley de Minas abre una nueva etapa para el sector, Pineda sostiene que el verdadero debate no gira únicamente en torno a nuevas inversiones o nuevas concesiones, sino sobre una pregunta fundamental: “quién responderá por los daños acumulados durante años de descontrol, opacidad y deterioro institucional en el sur de Venezuela, y quiénes tomarán las riendas de este nuevo intento de salir adelante con la minería responsable, ecológica y productiva”.
