Liliana Sucre, de Provita, declaró que la Amazonia está en crisis, que “la pérdida del 20 o 25 por ciento del territorio amazónico significa un punto de no retorno”.
Kenia Martínez, una mujer indígena Baré, lidera a un grupo de ocho personas empeñadas en crear una réplica del bosque cerca de Puerto Ayacucho, una ciudad en expansión en el Amazonas venezolano. Hombres y mujeres indígenas Huottöja y Jivi la acompañan en su andar, y combinan árboles que crecen rápido y dan buena sombra, como la guama y el caucho, con comestibles, como el cacao y el copoazú.
Maduro afirma que en Amazonas hay más de 10 mil personas que practican la minería ilegal que han destruido la zona, ante lo que, dijo, la FANB está “estableciendo el orden”.
Datos oficiales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales muestran que entre enero y junio de 2022 la porción de la selva amazónica que se ubica en Brasil perdió 3.988 km2 por la deforestación.
La ONG SOS Orinoco denunció el 2 de marzo que en el Parque Yapacana, 3.200 hectáreas han sido “deforestadas y envenenadas con mercurio” por la minería ilegal.
Raisg predice el futuro de la deforestación considerando tres escenarios, y estima que para el 2025 la pérdida de bosque será 130% más alta que la ocurrida en las primeras dos décadas del siglo.
Guardianes del Bosque introdujo una denuncia ante el Ministerio Público. Los denunciantes piden una declaración y acción contundente del Ministerio para el Ecosocialismo sobre la tala indiscriminada en zonas protegidas.
Los problemas más relevantes incluyen, una alta tasa de deforestación y la contaminación por mercurio derivadas de la extracción de oro. La falta de capacidad del gobierno para conservar la biodiversidad y proteger a la población de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos.
La declaración de emergencia sanitaria la firmó la ministra Nísia Trindade, quien montará además un centro de operaciones de emergencias en salud pública para “planear, organizar, coordinar y controlar” las medidas que se tomen.
