A propósito del inicio de la consulta para la reforma del sistema de justicia penal, el 1 de junio, especialistas en materia jurídica coincidieron en que el principal problema del sector no es el marco legal vigente, sino el colapso institucional, los excesos policiales y la absoluta falta de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo.
Durante su participación en el programa Abriendo puertas de Venevisión, conducido por Margarita Oropeza, especialistas desestimaron la efectividad de las medidas gubernamentales y alertaron sobre los riesgos que corren los ciudadanos al denunciar irregularidades.
La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol, cuestionó severamente los mecanismos de denuncia implementados por el Ejecutivo, como las líneas telefónicas de atención. Al respecto lanzó una advertencia tajante a la ciudadanía: “Yo lo último que haría sería llamar a ese 0800 extorsión, no llamaría jamás, porque el que va a quedar señalado es usted, el que hace la denuncia, a usted lo van a poner en una lista”.
Mármol calificó el proceso de “fraudulento” tras analizar las declaraciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien afirmó que busca hacer justicia para defender a los policías, jueces y fiscales honestos de la extorsión. “Fíjense a quién señala de víctima… entonces la ciudadanía, nosotros, no somos las víctimas; fíjense la distorsión”, expresó.
Por su parte, José Antonio Bonvicini, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María (USM), destacó que la sola propuesta de una reforma es el reconocimiento explícito de que “las cosas no están funcionando” en un sistema que arrastra un colapso de casi tres décadas.
El académico detalló que de las 60 mil personas privadas de libertad en el país, más del 70% se encuentran detenidas en fase de proceso y apenas el 30% (unos 18 mil ciudadanos) tienen una condena firme. “La regla en vez de ser la libertad pareciera ser la detención”, denunció, al tiempo que fustigó los “excesos policiales permanentes” y la flexibilización de los jueces de control ante estas prácticas.
Jueces complacientes
El debate también se centró en la provisionalidad y el sometimiento de los administradores de justicia. Mármol denunció que en Venezuela se ejecutó una “limpieza” que barrió con los jueces de carrera, dejando en sus cargos a funcionarios provisorios que carecen de la preparación necesaria. “Tenemos un Poder Judicial donde los jueces tienen miedo… duran poco y tienen esa propensión de tratar de complacer para no ser removidos”, afirmó, sosteniendo que el sistema penal actual es utilizado como una “herramienta para someter a la disidencia y al ciudadano”.
Asimismo, los especialistas recordaron que existen cerca de 400 presos políticos que deberían salir en libertad plena.
El abogado penalista y profesor universitario Joel García enfatizó que el sistema de justicia penal mide “la salud de la institucionalidad de un Estado” y que, al estar en juego la libertad humana, esta no puede permanecer en manos inexpertas. García coincidió con Mármol en que el texto constitucional vigente contiene todas las garantías necesarias, por lo que una reforma resulta innecesaria si se garantizara una verdadera separación de poderes. Concluyó recordando que instrumentos jurídicos como la Ley de Amnistía se encuentran en plena vigencia y que los jueces tienen la obligación legal de recibir y procesar todas las solicitudes que se presenten.
