El oeste de Caracas, bastión histórico del chavismo y sede operacional de los poderes públicos, fue tomado por un grupo de manifestantes indignados ante el menoscabo de sus derechos a manos del “presidente obrero”, Nicolás Maduro.
Murmullos se escuchaban en las adyacencias de la avenida Baralt. Transeúntes, sorprendidos ante el pesado tránsito vehicular y el irregularmente elevado flujo de personas recorriendo las calles, se preguntaban qué ocurría.
“¿Qué hay por ahí, que hay tanto caos?”, preguntaba un ciudadano en las aceras de la avenida. “Hay una marcha de los trabajadores públicos”, contestó un hombre que bajaba desde la concentración en la histórica Esquina de Salas, al lado del Ministerio de Educación, ente del cual dependen muchos de los trabajadores que se preparaban para marchar durante la jornada.
La convocatoria se produjo a las 10:00 am. Puntualmente, un grupo de más de 50 personas se concentraban en la mencionada esquina, ocupando las aceras para no entorpecer la vía antes de que fuese necesario.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se desplegaron en distintos puntos de la avenida Baralt y frente alrededor de la Esquina de Salas.
Los efectivos grababan videos de todo lo que ocurría desde distintos ángulos, permitiendo que marcharan los desprotegidos trabajadores públicos -entre los cuales se incluyen los cuerpos de seguridad nacional-, pero nunca sin vigilar cada uno de sus movimientos.
Conforme pasaban los minutos, la concentración fue tomando forma. Más personas se incorporaban al grupo y empezaban a tomar la avenida José Vicente Rangel, transversal a la Baralt.
Hacia las 11:00 am empezaban a encenderse los motores de la marcha. Uno de los líderes de la manifestación, el profesor universitario Telémaco Figueroa -exconstituyente y exsindicalista del chavismo- explicó los objetivos de la jornada: exigir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una respuesta sobre un amparo constitucional introducido el 13 de mayo en contra del denominado “instructivo Onapre”.
“Venimos a exigir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dé respuesta rápida al recurso. Han pasado cuatro meses y nada. Es hora que la Sala Constitucional tome una decisión respetando la Constitución y los derechos laborales. Exigimos en nombre de todos los trabajadores que se respeten las convenciones colectivas, la Ley del Trabajo y la Constitución”, exclamó antes de iniciar la movilización.
A las 10:50, bajo un sol abrasador, más de 100 trabajadores tomaron definitivamente la avenida para emprender su recorrido de casi un kilómetro hacia el ente rector del Poder Judicial en el país.
“No estamos desfilando, estamos protestando. El instructivo Onapre, que nos está robando”, cantaban los trabajadores escoltados por funcionarios policiales, quienes ordenaban redirigir el tráfico conforme los manifestantes ocupaban las calles.
Llegadas las 11:00 am el grupo tomó la avenida Baralt, antiguo símbolo de “resistencia” del chavismo, ahora utilizado para transmitir el enojo de decenas de trabajadores que se sienten traicionados por el chavismo.
Las consignas no tuvieron contemplación ni siquiera con la Policía, pues a pesar de que esta vez colaboraron con la movilización, en la memoria colectiva del venezolano permanecen recuerdos del accionar que tantas veces ha oprimido al pueblo que intenta protestar en contra de un gobierno abusivo.
“La calle es de la gente, no de la Policía”, entonaba el grupo mientras subían la Baralt. Un oficial de apellido García bromeaba con los sindicalistas. “¿Acaso nosotros no somos pueblo?”, se preguntó.
Entretanto, una carpeta pasaba de mano en mano entre los asistentes. En ella se encontraba una carta dirigida a la presidenta del TSJ, la magistrada Gladys Gutiérrez, en la cual se denunciaba la “denegación de justicia” a la que habían sido sometidos los trabajadores de la administración pública gracias a las sentencias de la Sala Político Administrativa que desestimaron los recursos de nulidad introducidos por sindicalistas y universidades para exigir la derogación del instructivo Onapre.
El documento recogía las firmas de los manifestantes, quienes pretendían entregarlo a alguna autoridad del Poder Judicial. Llegado el momento, a las 11:30 am, finalmente el grupo se apostó frente a la sede del TSJ con la exigencia de que un magistrado los atendiera personalmente.
La camaradería laboral alcanzó su punto más álgido cuando una cuadrilla de Supra Caracas, a bordo de un camión recolector de basura, se detuvo unos segundos en la avenida, a la altura del grupo de manifestantes. Los trabajadores de Supra Caracas, también castigados por la política salarial del chavismo, alzaron sus puños en señal de apoyo y siguieron su camino. “Esos le echan un mundo. Les ha tocado duro”, alegó uno de los manifestantes en respuesta al gesto.
Tras una espera de 15 minutos, un magistrado compareció ante los manifestantes. Se trataba de Cilio Sánchez Zerpa, miembro de la Sala de Casación Social.
El funcionario fue abordado por los dirigentes sindicales Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Fetraesuv), el exconstituyente Telémaco Figueroa y el secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Gregorio Afonso.
Cada uno de los representantes de la manifestación dirigió sus quejas y argumentos a Sánchez, quien recibió el documento firmado por los protestantes y autorizó el ingreso al edificio de una comisión encabezada por el abogado Eduardo Torres, que tenía como objetivo introducir un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra de la sentencia de la Sala Político Administrativa que desestimaba el recurso de nulidad de los trabajadores.
El letrado Jim Albornoz, quien integra el equipo de abogados de los dirigentes sindicales, declaró a TalCual que el recurso de amparo busca la restitución inmediata de los derechos laborales violentados y se espera una respuesta pronta por parte de la Sala Constitucional.
“Los recursos constitucionales de amparo deben salir inmediatamente porque es un proceso a derechos vulnerados que consagra la Constitución. No debe tardar más de 48 horas. Aspiramos que la respuesta respete los preceptos constitucionales y reconozca que la sentencia vulneró los derechos fundamentales de los trabajadores”, explicó.
Con el ingreso de la comisión de representantes del sector laboral al edificio, la concentración empezó a disiparse, no sin que antes Eduardo Sánchez, de Fetraesuv, informase que la próxima semana se anunciaría una nueva movilización. “La calle no se suelta”, exclamó.
