Convocaron a una nueva protesta frente a la sede de la Fiscalía General, en el centro de Caracas, para reclamar por los impagos de salarios y bonificaciones, incluido el pago fraccionado de los aguinaldos.
Aseguran que el pago se va a ir devaluando a medida que pasen los días y que, al final, los empleados públicos no podrán comprar nada con ese dinero.
El magistrado de la Sala de Casación Social, Cilio Sánchez, recibió a un grupo de más de 100 manifestantes y autorizó el acceso al TSJ a una comisión de representantes de los trabajadores públicos.
Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, justifica la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y alegó que los trabajadores debían primero haber hablado primero con el ministerio rector.
El argumento de la sala para desestimar el recurso es la supuesta “inexistencia” del instructivo de la Onapre como un acto administrativo e incluso advierte que las protestas de las recientes semanas se alimentan por una “matriz comunicacional”.
Solórzano lamentó que las autoridades gubernamentales solo ofrecen pagar el bono en vez de abordar el problema de fondo. A su juicio, el mecanismo viola las contrataciones colectivas y desmerita la profesionalización.
La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó a través de su cuenta en Twitter, que durante las primeras 72 horas de agosto se registraron manifestaciones en 16 regiones.
Trabajadores de la administración pública tomaron las calles en varias regiones del país para reiterar su rechazo al instructivo Onapre, exigir el pago completo del bono vacacional y del bono de recreación.