Ante el mandato de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el que exhortó a sus ministros del Trabajo y Economía a intervenir las inspectorías del Trabajo del país, los trabajadores del estado Bolívar han alzado la mano para exigir que “empiecen por Puerto Ordaz”, considerando a la Inspectoría Alfredo Maneiro uno de los recintos con mayor omisión de denuncias y casos sin respuestas.
“He escuchado reclamos por parte de los trabajadores que no son atendidos y por eso he dado instrucción al ministro del Trabajo y a la ministra de Economía, de la plena recuperación del funcionamiento de las inspectorías del Trabajo. Que los trabajadores y las trabajadoras tengan dónde ser escuchados”, fue la orden dada por Rodríguez el pasado 30 de abril en el marco de una alocución presidencial.
En Bolívar, donde se concentran cerca de 200 mil trabajadores públicos, la medida vino a recordar la gran cantidad de reclamos, expedientes y carpetas que reposan en la inspectoría local y para las cuales no ha habido respuesta, decisión y/o resarcimiento de daños.
Tras años de abstención e injusticias, la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz, ubicada en Los Peregrinos, pocas veces tiene trabajadores a sus afueras. A diferencia de años como el 2018 y el 2022, en los que permanecía rodeada de empleados públicos introduciendo denuncias, en 2026 son pocos los obreros que hacen acto de presencia en la institución. Según los entrevistados, la falta de respuestas los corrió, luego de años de emprender diligencias infinitas que nunca fueron siquiera evaluadas.
De esto conoce bien el abogado Frank Silva, quien diligenció numerosos reclamos durante el año 2022 en esta instancia: ninguno prosperó. Ni reenganches, ni pagos pendientes ni reparación de daños.
“En este punto, considero que las inspectorías del Trabajo deben ser eliminadas y crear tribunales de inamovilidad y darles poder coercitivo a los inspectores del trabajo. Eso se ha transformado en organismos administrativos inoperantes, aun cuando la ley le otorga facultades. No pueden ejecutar ninguna decisión: son órganos de corrupción”, declaró en entrevista con Correo del Caroní.
Piden una comisión que atienda casos engavetados
El abogado laboral José Medina, quien actualmente lleva un proceso abierto con la inspectoría que busca resolver la problemática de personal desincorporado en Alcasa, coincidió en que esta institución peca por omisión en los conflictos laborales, irrespetando tiempos de respuesta y acciones que están establecidas en la ley.
“Deja mucho que desear. Los procedimientos no tienen el debido curso. Es sumamente tardío, rezagado y lento. La causa laboral de los alcasianos que represento tuve que instarlos a través de dos recursos por abstención y carencia para que pudieran hacer la notificación de la empresa”, declaró el jurista.
Medina representa a un grupo de más de 20 trabajadores de Alcasa, quienes fueron afectados por el estatus de “personal no requerido” durante la pandemia, figura que sacó de sus puestos de trabajo a más de 8 mil trabajadores.
Ante esta situación, empezó un proceso de reclamo desde hace al menos cuatro años para exigir que sus atendidos sean reincorporados y que se les paguen los salarios, beneficios y demás montos que han dejado de percibir desde que la empresa los desactivó sin motivo.
“La inspectoría no se mueve ni acciona. No cumplen con las normas. Hay reenganches que tiene hasta tres años sin ejecutarse, como es el caso de la trabajadora Liseth Pinto, ella tiene ya tres años con la orden de reenganche y la inspectoría no ha respondido. Ahí se ve que la inspectoría presenta fallas de actuación, procedimiento, trámite, decisión. Todo esto genera daños para quienes acuden a esa instancia para hacer valer sus derechos”, acotó.
Además, el especialista confirmó que en la causa que lleva, la inspectoría declinó la competencia a los tribunales laborales a pesar de tener las facultades para dar respuesta.
“Yo hago un llamado: que nombren una comisión especial que se contacte con las personas que tienen reclamos y vayan a una mesa de trabajo realmente”, finalizó.
Inspectores ad hoc nunca han acudido a sus puestos de trabajo
Dirigentes sindicales señalan al año 2018 como el de mayor conflictividad y reclamo laboral en el estado, ante la gran cantidad de denuncias, en el 2020 se creó la figura del inspector ad hoc.
Este cargo está descrito en la resolución del Ministerio del Trabajo Nº 120 con fecha 20 de abril de ese año, su función es conocer, sustanciar y decidir los expedientes de los trabajadores y trabajadoras de la entidad del trabajo CVG.
La primera persona en ocupar el cargo fue Catherine del Valle Mota Mendoza, posteriormente, en 2022, se nombró a Douglas Quintero para el cargo.
La irregularidad es que, según los afectados, estos funcionarios nunca se presentaron en el lugar. Desconocen dónde quedan sus oficinas, nunca pudieron hablar con ellos en persona. En esencia: los trabajadores nunca conocieron a los inspectores designados, cuya responsabilidad era justamente atender sus casos.
“Catherine Mota era inspectora en Maturín y Douglas Quintero viene del estado Aragua, entonces nunca estaban aquí para dar respuestas. En mi caso personal, sí hubo una resolución y Kenny Bello falló a favor de Sidor. Ahí nunca un trabajador de las empresas básicas ha recibido una respuesta satisfactoria”, declaró el trabajador y miembro del movimiento laboral Unidad en la Coincidencia Carlos Ramírez, jubilado de la Siderúrgica del Orinoco.
Ramírez debía ser atendido a través de esta figura en 2021 cuando denunció una jubilación forzosa por parte de la empresa; en esta oportunidad fue la inspectora Kenny Bello quien atendió su caso fallando a favor de la acería.
Según lo que relató a este medio, al trabajador se le suspendió su salario en 2021. El ente tardó un año en notificarle que había sido jubilado; no obstante, nunca recibió notificación ni pago de prestaciones.
“El procedimiento que se hizo para mi jubilación no fue apegado a los estatutos de la Ley de Jubilaciones. Yo no he recibido pago de prestaciones sociales, no sé nada de eso”, explicó.
Hay que señalar que la Ley de Régimen de Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública, Nacional, Estadal y Municipal establece la obligación por parte del patrono de notificar al trabajador si desea hacer una jubilación de oficio, así como el pago de beneficios.
Una inspectoría que defiende más al Estado que al trabajador
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) establece las inspectorías deben velar por el cumplimiento de la ley, inspeccionar centros laborales, mediar conflictos, recibir denuncias, autorizar despidos, ordenar reenganches y sancionar incumplimientos.
Actualmente esta figura en Puerto Ordaz está bajo la dirección de Alfredo Spooner, fungiendo Kenny Bello como inspectora en jefe.
Sobre esto, Ramírez enfatizó en que los casos están “bloqueados” debido a la politización de la sede y órdenes de superiores.
“Creo que, entre varios casos, hemos metido más de 16 denuncias dentro de la Inspectoría y ninguna la señora Kenny Bello ha dado respuesta. Ella lo que respondió fue que recibe órdenes del señor Spooner y si ella no recibe respuesta es porque es negativo. Además hemos introducido en los tribunales laborales de abstención y carencia, y ella nunca responde a eso. La inspectoría no se presenta en tribunales, eso es un organismo sin ley”, expuso.
Según trabajadores entrevistados para la elaboración de este trabajo, la inspectoría puede mediar en cuanto a conflictos vinculados al sector privado, pero los casos de las empresas básicas son “directamente engavetados”, considerando esta instancia como una figura parcializada por el Estado y cuya orden es no hacer cumplir las leyes.
Así lo consideró el sindicalista de la Briquetera de Venezuela (Briqven) Isnaldo Rodríguez, quien aportó que solo esta compañía ha introducido cinco reclamos en el ente laboral sin obtener respuestas.
“Nosotros tenemos los argumentos y pruebas en mano, la inspectora conoce las pruebas. La empresa Briqven ha incurrido en delitos donde no cumplió con el contrato colectivo, usamos tribunales y la Fiscalía, pero las causas están diferidas y tampoco tenemos respuesta. Ningún ente que debería proteger al pueblo funciona porque están politizados y tarifados. Nosotros no confiamos en esta intervención, para reactivar las inspectorías porque tendrían que aplicar la Ley del Trabajo y tendría que apegarse a la Constitución, es algo que el gobierno en materia laboral violenta como le da la gana”, sentenció.
