
Trascendió que una funcionaria fue cambiada y otros dos fueron trasladados a Caracas.
Un taxista afirmó que al pasar por el nuevo puente un funcionario militar le habría cobrado 10 mil pesos (más de 2 dólares) para permitirle ingresar a Venezuela.
Los parlamentarios condenaron que productores agropecuarios y particulares son víctimas de funcionarios de la Guardia Nacional y los cuerpos policiales, quienes le quitan mercancía o cobran en divisas para permitir el libre tránsito.