Tanto representantes sindicales y gremiales de Sucre como sindicatos nacionales e internacionales rechazaron el arresto y privativa de libertad de los dirigentes sindicales del Sindicato Único de Empleados de los Poderes Públicos del Ejecutivo del estado Sucre (Supples): Carlos Ochoa, Ramón Gómez y César Morales, detenidos la mañana del 30 de enero en el estado Sucre cuando lideraban una asamblea general.
La detención constituye una violación directa a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica, al derecho a la asociación y a la disidencia contemplados en el artículo 95, 96 y 97 de la Constitución venezolana así como los principios sobre el derecho a la huelga establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) .
A propósito del arresto de los tres dirigentes sindicales en la sede de la Gobernación del estado Sucre, el coordinador de investigación del capítulo derechos laborales del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Carlos Patiño, manifestó que “es contradictorio que un gobierno que se autodenomina obrerista tenga todo este récord de violaciones a los derechos de los trabajadores”.
Patiño explicó que se trata de una violación sistemática en el ejercicio de la libertad sindical, tanto en el incumplimiento de convenciones colectivas y accionar de los sindicatos como la persecución, hostigamiento y en algunos casos encarcelamientos y procesos judiciales a dirigentes sindicales.
Condiciones laborales
Antes de ser apresados, Carlos Ochoa y el secretario general de Supples, Ramón Gómez, solicitaron una reunión con el gobernador del estado Sucre Edwin Rojas para revisar el tabulador salarial, así como la deuda de pasivos laborales. Se trata de más de 65 millones de bolívares a más de 27 mil trabajadores que comprenden las diferencias salariales, aguinaldos, vacaciones, prestaciones sociales y anticipos e intereses desde 2018.
Los trabajadores protestaban el insuficiente salario de Bs. 450 mil, que aseguran no es suficiente para garantizar el derecho a la salud y a la alimentación, situación que viola el artículo 91 de la Constitución venezolana.
 Dirigentes sindicales del estado Sucre fueron apresados a la fuerza y con violencia cuando lideraban una asamblea de trabajadores en reclamo de pasivos laborales | Foto cortesía Crónica Uno |
“Contactamos a la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical Americana, quienes de manera inmediata solicitaron al Ejecutivo nacional, al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Interior y Justicia la liberación inmediata de los dirigentes sindicales. Ellos aseguraron que el día sábado 1 de febrero serían liberados. Pero esta promesa no se cumplió”, confirmó el vicepresidente de la Central de Trabajadores de Venezuela (ASI) y presidente del sindicato del Inces, Carmelo Sánchez.
Solo uno de los dirigentes sindicales fue liberado. Carlos Ochoa y Ramón Gómez fueron privados de libertad por la jueza quinta de control del Circuito Judicial de Cumaná, Neyda Mata. Tras esa decisión, el domingo comenzaron una huelga de hambre. “Hoy la injusticia pretende acallar mi voz, e inventan acciones que jamás realizaría. Me podrán privar de mi libertad pero no de mi dignidad”, escribió Ramón en una carta a su familia.
Sánchez lamentó que no se vislumbra ninguna mejoría en cuanto a la reivindicación de los derechos civiles y políticos de los trabajadores, ni su derecho a la disidencia o a la protesta pacífica. “Esta semana hubo detenciones y maltratos hacia los trabajadores petroleros en El Palito, más de 900 trabajadores despedidos de la empresa Colgate-Palmolive, y todo esto sin que el gobierno tome ningún tipo de acciones. Se violan todas nuestras convenciones colectivas ya discutidas”.
Desde 1999 al menos 150 sindicalistas han sido detenidos y juzgados en una corte penal según la ONG Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea). Para el 2018 esta organización registró el asesinato de 6 sindicalistas.
El Gobierno venezolano en un principio presidido por el expresidente Hugo Chávez y actualmente por Nicolás Maduro, lleva casi 20 años persiguiendo, hostigando, deteniendo y encarcelando a la dirigencia sindical del país. Hecho no solamente confirmado por Provea sino por organizaciones como la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical Americana (CSA).
Provea, en su informe Políticas de Estado contra la libertad sindical en Venezuela: Criminalización y encarcelamiento de sindicalistas informó que en 2017 hubo al menos 300 denuncias de funcionarios que fueron detenidos por no apoyar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Además se denunció la aplicación de instrumentos legales como la tranquilidad pública a fin de criminalizar la protesta pacífica y el ejercicio sindical.
Patón sistemático de represión
Carlos Patiño mencionó el caso de detención arbitraria y desaparición en 2 oportunidades del trabajador de Corpoelec Giovanni Zambrano, a quien jubilaron anticipadamente luego de dar declaraciones que desmentían el sabotaje eléctrico de febrero del 2019. Luego de 7 meses de juicio fue liberado.
En diciembre del 2018 fueron encarcelados 9 trabajadores de Ferrominera Orinoco, quienes protestaban en el portón de la sede de la empresa en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Fueron excarcelados en marzo del 2019.
 Familiares de Rubén González exigen su liberación desde el 2018. Además aseguran que no se le garantiza el derecho a la salud como paciente hipertenso y con antecedentes de insuficiencia renal | Foto William Urdaneta |
El 30 de noviembre del 2018 fue apresado el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, cuando regresaba a Guayana luego de haber manifestado en Caracas por el respeto a las convenciones colectivas. Se encuentra retenido en la cárcel La Pica en el estado Monagas.
Desde entonces, la Mesa de Negociación (liderada por una fracción parlamentaria disidente a la oposición) ha anunciado una pronta liberación que no termina de concretarse, mientras su familia denuncia que no recibe las atenciones que necesita debido a su estado precario de salud: hipertensión arterial y antecedentes de insuficiencia renal.
“Somos injustamente detenidos por reclamar nuestros derechos. Estamos en un año bien duro, pero los trabajadores de la administración pública no vamos a abandonar la calle, nos estamos organizando para seguir nuestra lucha y para lograr reconquistar nuestros derechos”, concluyó el vicepresidente de ASI, Carmelo Sánchez.
