
El panorama refleja a venezolanos con sus derechos fundamentales limitados en línea y un autoritarismo digital que impone censura.
En total se documentaron 27 víctimas, entre ellas: 7 páginas o plataformas web, 6 periodistas o reporteros, 5 ciudadanos/as, 5 particulares, 2 medios de comunicación, 1 camarógrafo o técnico y 1 trabajador público.
En un comunicado, la Relatoría Especial señaló que a cinco meses de las elecciones presidenciales, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela continúan deteriorándose, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, restricciones al acceso a la información pública y actos de persecución, intimidación, amenazas y censura.
Una vez más los medios de comunicación son puestos bajo la lupa gubernamental. La Ley Simón Bolívar sanciona la difusión de mensajes relacionados con las sanciones a funcionarios y la administración de Maduro.
Actos de intimidación y censura por parte de funcionarios, instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y hasta un miembro del Ejecutivo nacional, forman parte del registro de la organización civil.
Los concejales consideran que más que una ley es un acuerdo político que no contiene ningún tipo de beneficio para Ciudad Bolívar.
Según expusieron en la AN, el proyecto fue presentado como parte de una estrategia integral para contrarrestar los efectos del bloqueo y defender la integridad de Venezuela.
Ojalá Trump tenga en cuenta su experiencia anterior; que le sirva de algo para no errar mucho esta vez.
De acuerdo con lo expresado en el informe de la oenegé, la situación en Venezuela represente una grave amenaza para la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados. También resalta el uso de la Inteligencia Artificial en herramientas para sortear la desinformación.
Es claro que el discurso populista y autoritario ha hecho mella, pero también quedo expreso que hay mucha responsabilidad del “periodismo militante” y de la acción de “operadores políticos” que fungen como periodistas.