La diputada del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), Zaida Vahlis, exhortó a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y demás cuerpos de seguridad del Estado a no extralimitar sus funciones en contra del pueblo minero.
La denuncia la hizo a propósito del reciente operativo que inició la FANB, llamada Operación Autana. Según informó el organismo militar, esto con el fin de la protección del eje fronterizo, así como ubicar, neutralizar y erradicar grupos irregulares en la zona.
Sin embargo, pronto comenzaron las protestas en Tumeremo, donde la comunidad denunció una serie de atropellos y violaciones de derechos por parte de la FANB, escudados en la Operación Autana.
En ese sentido, Vahlis rechazó los atropellos contra la población minera que labora en la zona del sur del estado Bolívar.
Reordenamiento territorial
Para la legisladora se hace necesario un nuevo reordenamiento territorial, planteamiento que llevará como propuesta al Consejo Legislativo, a objeto de delimitar las tierras de los pueblos indígenas y parques nacionales, y reubicar a los mineros artesanales en un sitio donde de manera racional y que de manera ecológica trabajen la minería.
“Todo eso es posible, con ordenamiento territorial todo se puede, sin destruir al medio ambiente. Lo que hoy vemos en el sur de Bolívar es el constante atropello contra estas poblaciones indígenas y mineras, y temo que este tipo de operaciones militares terminen en tragedia, como se ha visto en los últimos tiempos”, afirmó Vahlis.
Recordó que las poblaciones del sur “son fuertemente golpeadas por las empresas transnacionales, recuperadoras de oro y empresas mineras asociadas a los enchufados, que no dejan ningún tipo de aporte social a las poblaciones de El Palmar, Roscio, El Callao y Tumeremo, que extraen toneladas de oro mensual y estas poblaciones continúan padeciendo la falta de agua, las interrupciones a diario del sistema eléctrico y el deterioro del eje vial del sur. Hay oro para los chinos, rusos, iraníes pero para los guayaneses miseria y ruina”.
Su denuncia la presentó ante la Comisión Delegada que quedó a cargo en el CLEB durante el receso legislativo reglamentario.
Hasta el miércoles continuaban los reclamos en Tumeremo, cuyos afectados llegaron incluso hasta la Corporación Venezolana de Minería, en vista de que los atropellos fueron también contra quienes cuentan con permisos para ejercer la actividad minera.
Trascendió que este jueves habían logrado un acuerdo que permitió levantar la manifestación. Sin embargo se conoció que posterior a la negociación, la Guardia Nacional ultimó a un motorizado e hirió a otra persona. El hecho presuntamente revirtió el acuerdo previo.
