Para el presidente del Colegio de Economistas en Bolívar, Fidel Hernández, la toma de posesión por parte de CVG Ferrocasa del cementerio Jardines del Orinoco, en Puerto Ordaz, es contradictorio a los avances que hace la Alcaldía de Caroní con el proceso licitatorio para privatizar el servicio de aseo urbano, en aras de mejorar su calidad.
“Vamos en sentido contrario. Un servicio como el de inhumación y cremación, que es también un servicio público y que lo venía prestando el sector privado, en comparación a como está el camposanto de San Félix, que tiene una administración pública, vemos que el de Puerto Ordaz está mucho mejor manejado, aunque igual tenía sus problemas”, expuso Hernández.
Considera que si la suspensión o cese de la concesión a Inversiones Vyper fue por incumplimientos, se debería optar por un proceso de licitación para dar a otra empresa privada la administración, a fin de mantener la calidad del servicio.
“Sabemos que cualquiera de los servicios públicos requieren de reinversión para mantenerlos operativos. La pregunta es: ¿Tiene Ferrocasa o cualquier otra institución las inversiones necesarias para mantener la calidad del servicio? Tenemos casi la certeza de que no existen esos recursos en el municipio”, señaló.
El presidente del Colegio de Economistas destacó que la idea de mantener la participación del sector privado es evitar que el cementerio Jardines del Orinoco pase a ser lo que hoy es el Cementerio Municipal de Chirica.
“Al contrario, lo justo es que el de San Félix también tenga una administración que lo pueda poner a la par con el de Puerto Ordaz”, aseveró.
Intervención de Ferrocasa
El pasado 9 de agosto, CVG Ferrocasa tomó posesión del Parque Cementerio Jardines del Orinoco e inició un proceso administrativo para rescindir a Inversiones Vyper, empresa que tenía la concesión.
La estatal alega que Inversiones Vyper incumplió con obligaciones que contrajo desde el 9 de mayo de 2016. La contraparte tiene 10 días para presentar sus alegatos, para determinar si el caso pasa o no a juicio.
“La CVG recupera este activo que desde hace 26 años venimos compartiendo con sectores privados, y en virtud de no haberse podido cumplir el cronograma establecido en el proyecto, se consideró dar apertura a un procedimiento administrativo”, indicó William Martorelli, presidente de Ferrocasa, según nota de prensa de la CVG.
También expresó que “la Corporación Venezolana de Guayana exige a la empresa operaria Vyper mantener sus responsabilidades y atención a los usuarios, hasta tanto culmine dicho proceso”.
El presidente de Ferrocasa agregó que junto con la Alcaldía de Caroní tienen “la firme intención de asumir la administración del cementerio para que todos los sectores, sin exclusión, puedan optar a este beneficio y nuestro propósito es garantizar precios accesibles en lo concerniente a la adquisición de ataúdes, servicio funerario y de inhumación, en condiciones más favorables”.
Asimismo, Martorelli señaló que se contemplan los servicios complementarios de mantenimiento y la ampliación de todo el proyecto del parque cementerio, desde la construcción de capillas hasta la recuperación de salones, áreas sanitarias y mejoramiento general de toda la infraestructura.
Correo del Caroní intentó comunicarse con el representante de Inversiones Vyper pero no hubo respuesta.
Un cementerio en deuda
Mientras la CVG intervino a Jardines del Orinoco, para prescindir de la administración de la empresa privada que estaba a cargo, en Caroní se adeuda el Cementerio Municipal que en 2014 se prometió para el sector de Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana.
La promesa la hizo el entonces alcalde José Ramón López. Supuestamente se entregaría en 2017 y se ubicaría justamente al lado del cementerio Jardines del Orinoco, sin embargo solo se hizo el movimiento de tierra en el lugar.
Inicialmente, López prometió que la obra entraría en servicio en el último trimestre de 2016. Para ello se invirtieron 14 millones de bolívares provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Adicionalmente se asignaron 50 millones de bolívares, por medio del Consejo Local de Planificación Pública, para iniciar la primera etapa de la construcción.
Este camposanto municipal contaría con una capacidad de 20.144 sepulturas, 10.072 bóvedas superpuestas dobles, un estacionamiento interno de 66 puestos y uno provisional de 153 puestos, área administrativa, cafetín, bulevar de flores con 29 unidades, áreas verdes y 4.552 metros cuadrados de vialidad.
La CVG, para entonces presidida por Carlos Osorio, cedió 50 hectáreas del terreno: 20 de la Corporación y 30 pertenecientes a Ferrominera.
