domingo, 6 octubre 2024
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UCAB integra novedoso Protocolo para la Prevención y Atención en casos de Acoso y Violencia Sexual al reglamento universitario

El Protocolo para la Prevención y Atención en casos de Acoso y Violencia Sexual de la UCAB entrará en vigencia el 15 de septiembre de este año. Contempla 14 principios fundamentales: la accesibilidad, la integralidad, el debido proceso, protección a la dignidad, participación conjunta, atención diferenciada, imparcialidad y buena fe, entre otros.

@mlclisanchez 

El Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello integró al reglamento universitario el Protocolo para la Prevención y Atención en casos de Acoso y Violencia Sexual, esto bajo una política de tolerancia cero a actos que atenten contra la integridad física, psíquica, moral, espiritual y sexual y así mantener el campus universitario libre de violencia y acoso.

Con este protocolo, la universidad se plantea ratificar su compromiso de promover una cultura de prevención contra el acoso y la violencia sexual y de investigar y sancionar cualquier conducta que se considere acoso o violencia sexual cometidas por miembros de la comunidad universitaria o en contra de alguno de sus miembros, se perpetren los actos dentro del campus o fuera de él, siempre que se cometan en actividades que involucren directamente a la universidad.

Además de esto, la academia se compromete a acompañar y asesorar a víctimas de acoso o de violencia sexual que pertenezcan a la comunidad universitaria, y de propiciar actividades formativas e informativas de sensibilización en el tema.

Todos los procesos tendrán un acompañamiento psicosocial y serán abordados con enfoque de género.

Twitter, el punto de partida

Una ola de denuncias sobre violencia de género dentro del campus universitario de la UCAB Guayana hechas vía Twitter por estudiantes, exalumnos y egresados de la universidad a mediados de abril, abrió el camino para la inclusión de este protocolo dentro del reglamento universitario, pues hasta este momento, la casa de estudios no contaba con protocolos diferenciados para atender violencia de género.

Una de las denuncias que hicieron más eco fue un caso de acoso sexual que aludió a un profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB Guayana.

Fue con estas denuncias que el Consejo General de Representantes Estudiantiles (Cogres) de la UCAB Montalbán, y la representación estudiantil de la UCAB Guayana se comprometieron a tomar acciones para erradicar este problema de salud pública, entre ellas, la propuesta de un protocolo que sería elevado al consejo universitario y la conformación de un nuevo mecanismo de denuncias organizado por la representación estudiantil.

   
La UCAB en todos sus núcleos ratificó su compromiso de promover una cultura de prevención y tolerancia cero contra el acoso y la violencia sexual | Fotos William Urdaneta | Archivo

“Lo primero que nos planteamos fue crear un equipo donde estaremos recibiendo y canalizando todas las denuncias que nos llegan, y hacerles ese acompañamiento y seguimiento a esos estudiantes que, por temor, todavía no quieren hacer la denuncia o todavía no saben cómo hacerla formalmente”, informó el consejero de extensión, Carlos Guerra, a Correo del Caroní en ese momento.  

Esta semana el protocolo se materializó.

“Esto demuestra cómo las denuncias y propuestas no quedan en el vacío. Este es un gran triunfo de la representación estudiantil y de quienes alzaron su voz”, expresó Felipe Toro, consejero de escuela y parte de la cámara ejecutiva del Cogres de UCAB Caracas, vía Twitter .

Aunque el alcance del protocolo es de orden interno, y en ningún caso sustituye el accionar del sistema de justicia nacional, todas las personas afectadas serán orientadas sobre su derecho a denunciar ante las instancias del Poder Público.

La comisión encargada de elaborar el protocolo de actuación estuvo  integrada por el vicerrector de la UCAB Guayana, Arturo Peraza, el vicerrector de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social, Néstor Luis Luengo; los profesores María Teresa Sánchez (Guayana) y José Luís Da Silva (Caracas); la consultora jurídica de la sede Caracas, profesora Laurence Quijada; los representantes estudiantiles Rafael Punceles (Caracas) y Alejandro Álvarez (Guayana), y la secretaria general, profesora y también coordinadora Magaly Vásquez González.

14 principios fundamentales

El documento se rige bajo 14 principios fundamentales: la accesibilidad, la integralidad, el debido proceso, protección a la dignidad, participación conjunta, atención diferenciada, imparcialidad y buena fe, diligencia y celeridad, confidencialidad, presunción de inocencia, protección de datos, no revictimización, derecho a la información y protección ante posibles represalias.

Que el protocolo garantice la integralidad quiere decir que las acciones deben comprender el ámbito social, laboral, psicológico y de género. Del mismo modo, el documento garantiza que la atención será diferenciada, esto quiere decir que la víctima recibirá una atención conforme a sus necesidades como la religión, su lugar de procedencia, el género, la orientación sexual, discapacidad y otras características. 

El protocolo estipula que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas, testigos, o participantes en la investigación, salvo si estos actúan de mala fe.

Uno de los aspectos más resaltantes del accionar preventivo del documento es que el protocolo viene acompañado de un plan de formación y sensibilización, dos elementos que, de acuerdo con expertos en derechos humanos y violencia basada en género, son claves para evitar que los actos se concreten, haya reincidencias y espacios para la impunidad.

Las actividades formativas contarán con contenido orientado a prevenir, concientizar, detectar y atender casos de violencia y acoso, lo que permite conocer el problema, su impacto y alcance en la sociedad, por lo que todo estudiante, profesor o personal administrativo que ingrese a la universidad será informado de la existencia del protocolo.

Además, la directiva de la Escuela de Comunicación Social establecerá contactos con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Venezuela para desarrollar la parte del protocolo que compete al Plan de Formación y Sensibilización de la Comunidad Universitaria.

“La aprobación del Protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Acoso y Violencia Sexual en la UCAB es un importante paso en la lucha contra la impunidad. Un mecanismo institucional para la contención de hechos que vulneran la dignidad humana”, expresó el director de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB Guayana, Oscar Murillo.

El accionar de la universidad contará con seguimiento, evaluación y diagnóstico continuo, de acuerdo con el documento, por eso el equipo de trabajo conformado por el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano, la Oficina de Salud y Seguridad Laboral, la Comisión Disciplinaria y la   Dirección de Recursos Humanos deberán reunirse una vez por semestre para evaluar el nivel de incidencia del protocolo.

La investigación del equipo periodístico de Distintos Latitudes para el reportaje #PasóenlaU en 2019, reveló que de 54 universidades investigadas en Venezuela, Brasil, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay, solo 5 contaban con protocolos contra el acoso y la violencia sexual.

México y Venezuela no contaban con un protocolo de este tipo en ninguna de sus universidades por lo que la UCAB no solo pasa a formar parte de las universidades en Latinoamérica que atienden, previenen y sancionan el acoso y la violencia sexual en todas sus manifestaciones, sino la primera en Venezuela en tener un protocolo de este tipo en su reglamento.

“Esta es una victoria de la que no puedo estar lo suficientemente orgullosa”, celebró la activista independiente por la igualdad de género, Andrea Hernández, quien también es parte del programa de líderes jóvenes de Women Deliver, una organización defensora de la igualdad de género y los derechos de niñas y mujeres.

El Frente amplio de activistas feministas en Venezuela sostiene que las instituciones universitarias deben tener políticas claras y procedimientos accesibles, abiertos y transparentes que apunten al ejercicio de la justicia, y que eliminen, en el proceso, todo tipo de discriminación y abuso de poder, de lo contrario, la academia contribuiría con la perpetuación de la desigualdad en la sociedad.