domingo, 25 febrero 2024
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Venezuela pierde derecho a voto como Estado parte de la CPI debido a impagos

Venezuela adeuda 12.816.996 euros a la Corte Penal Internacional, precisó Provea. El último pago parcial fue en 2018. “Un primer paso para mostrar que tiene voluntad de cumplir con el Memorándum de Entendimiento es cubrir la deuda acumulada”, destacó Provea.

Venezuela perdió su derecho a voto como Estado parte en la Asamblea anual de la Corte Penal Internacional (CPI), debido a los impagos acumulados desde hace varios años.

Silvia Fernández de Gurmendi, jueza presidenta de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, anunció el retiro del derecho a voto de Venezuela antes de la escogencia de dos fiscales adjuntos, por un período de nueve años, a la oficina que dirige el británico Karim Khan.

El Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos (Provea) señaló que, en total, Venezuela adeuda a la CPI 12.816.996 euros. El último pago parcial que realizó el Estado venezolano fue en 2018.

La ONG explicó que las cuotas anuales de Venezuela son de aproximadamente 2.018.603 euros, lo que significaría que se debe el equivalente a más de seis años. Según el artículo 112 par. 8, el derecho al voto se pierde por deber el equivalente a dos o más contribuciones anuales.

Venezuela pudo haber solicitado una exención, dijo Provea, por “circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte según Artículo 112 par. 8 del Estatuto de Roma. Solo lo hizo la República Centroafricana alegando la situación por la pandemia y se le concedió”.

Los otros Estados morosos y por tanto sin derecho a voto son: Antigua y Barbuda, Comoras, Congo, Guinea, Liberia, Surinam y Zambia.

Provea señaló que el Estado venezolano “tiene el deber de cumplir con las obligaciones financieras con la CPI y debe cooperar de buena fe. Un primer paso para mostrar que tiene voluntad de cumplir con el Memorándum de Entendimiento es cubrir la deuda acumulada”.

La escogencia de dos nuevos fiscales adjuntos es una solicitud del fiscal Karim Khan, para garantizar una mejor representatividad geográfica y de sistemas legales, una crítica común de los Estados por la “africanización” de la CPI.

Los Estados parte escogieron a en la primera ronda a la exjueza y diplomática de Fiji, Nazhat Shameem, quien actualmente preside el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En la tercera ronda resultó electo el senegalés Mame Mandiaye Niang, quien fue juez permanente del Tribunal Penal Internacional para Rwanda.