El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este jueves 8 de octubre una recompensa para llevar ante la justicia de ese país al empresario venezolano Samark Lopez Bello, señalado de ser el presunto testaferro del vicepresidente del Área Económica y actual ministro encargado de Petróleo, Tareck El Aissami.
Pompeo afirmó que los cargos que se le imputan a López Bello están relacionados con el crimen organizado transnacional. “Trabajaremos con el Departamento de Justicia para proteger a los ciudadanos estadounidenses del régimen ilegítimo de Maduro, mientras ayuda al pueblo venezolano a restaurar su democracia”, escribió en sus redes sociales.
Según un comunicado emitido por Mike Pompeo, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por la información que permita conducir al arresto de Samark López Bello, enfatizando que tiene relación con los $10 millones que dan por datos que permitan capturar a El Aissami -emitida el 26 de marzo- y hasta $5 millones por el Superintendente Nacional de Criptomonedas, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, que se anunció el primero de julio.
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El Departamento de Estado señala a López Bello de haber trabajado en conjunto con otras personas para violar y evadir las sanciones de la OFAC y hace hincapié en que la oferta de recompensa se realiza bajo el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) de esa instancia.
Recordó que junto con el Programa de Recompensas por Narcóticos, han sido llevados ante la justicia más de 75 narcotraficantes desde que iniciaron esas iniciativas en 1986, donde se ha pagado más de $130 millones por informaciones que han concluido en la detención de esas personas.
Las autoridades de Estados Unidos vendieron el 21 de julio una propiedad confiscada en 2016 al empresario Samark López Bello; una finca palaciega ubicada en Coral Gables, Florida, de aproximadamente unos 15.000 pies cuadrados.
La venta de la propiedad de López se hizo luego de que Estados Unidos confiscara los bienes del amigo de El Aissami como parte de una decisión judicial en el contexto de un juicio contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), específicamente cuando secuestró a cuatro excontratistas estadounidenses en 2003 y que fueron rescatados junto a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. El juicio otorgó a los secuestrados de EE. UU. una indemnización por el orden de los 318 millones de dólares.
El portal state.gov recuerda que tanto Samark López Bello como Tareck El Aissami, fueron catalogados como “narcotraficantes” por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 13 de febrero de 2017 y se apunta que el empresario está ligado al lavado de dinero.
Alegan que desde 2017, López Bello coordinó con personas y ciudadanos en territorio estadounidense para fletar vuelos privados usados por el mismo El Aissami y otros altos funcionarios del régimen para viajar por EE. UU., Venezuela y países como República Dominicana, Rusia y Turquía.
Empresas en Guayana
 Correo del Caroní rastreó en 2017 las empresas vinculadas a El Aissami en Puerto Ordaz, pero no existían | Foto Archivo Correo del Caroní |
En 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó a 13 empresas como facilitadoras de movimientos de dinero ilícito y sociedades holding offshore para las operaciones de narcotráfico lideradas por el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, a quien catalogaron entonces como “prominente narcotraficante venezolano”.
Los documentos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos indican que las dos empresas en Puerto Ordaz, Ciudad Guayana -la principal urbe del estado Bolívar- son Alfa One y Servicios Tecnológicos Industriales, publicó Correo del Caroní.
Estas y otras 11 empresas, propiedad de Samark López Bello -testaferro de El Aissami- harían parte de una red internacional que se extiende a las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela.
Correo del Caroní rastreó en 2017 las empresas ubicadas en Puerto Ordaz. Alfa One y Servicios Tecnológicos Industriales estaban ubicadas, según el Gobierno de los Estados Unidos y sus fichas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), en la zona industrial Los Pinos, uno de los sectores en Puerto Ordaz que concentra a pequeñas y medianas industrias, principalmente metalmecánicas, en calles enmontadas y con no pocos huecos, pero en la zona nadie las conocía.
Las supuestas direcciones no coincidían con los centros empresariales en la zona industrial y fuentes del área coincidieron en la ausencia de sede de estas compañías.
