Salud y calidad de vida: este es el clamor de las agrupaciones sindicales en Guayana. Durante el último mes, al menos tres organizaciones han hecho la misma petición: reactivación del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM); y la reivindicación de sus contrataciones colectivas.
Este lunes fue la Plataforma Ética y Moral Laboral de Guayana la que alzó la voz para exigir a las autoridades respuestas en materia de salud y advertir que, de continuar sin cambios, radicalizarán las acciones de protesta.
“El Estado es garante de la seguridad y la vida. Estamos estudiando la posibilidad de demandar al Estado por no aplicación del HCM que después de estar plasmado en contrato colectivo es de obligatorio cumplimiento. Lo que queremos es que se cumpla el marco legal”, destacó Luis Felipe Medina, dirigente sindical de Alcasa.
Varios grupos, mismo reclamo
El pasado 8 de junio, la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar introdujo una demanda por el mismo hecho ante el Ministerio Público, exigiendo el cese de los efectos del memorándum 2792 en la localidad.
Durante este mes de junio, al menos tres agrupaciones laborales han hecho solicitudes similares, enfocándose principalmente en el mal estado del Hospital de los Trabajadores de Guayana, alternativa que debió reemplazar el HCM y que hoy condena a muchos trabajadores a la falta de atención médica.
En esta oportunidad, Medina denunció situaciones irregulares en Alcasa, como la ausencia de equipos de protección personal y el descubrimiento de alimentos en mal estado dentro de la planta.
“A los trabajadores no les entregan mascarillas, guantes ni máscaras de seguridad… un desastre total. El caso más puntual es la pérdida de 1.000 kilos de pollo y 200 de costillas, pero le niegan la comida al trabajador. Le niegan la posibilidad de ingresar a sus puestos de trabajo”, acotó.
Hay que señalar que desde el 2023, decenas de trabajadores de Alcasa han denunciado su desincorporación bajo la figura de “no requeridos”, caso que hoy llevan los tribunales de Puerto Ordaz ante la falta de respuestas de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro.
Esta medida suscita aún más desamparo para los trabajadores en cuanto a servicios médicos, toda vez que aseguran ser marginados por la directiva ante su expulsión de las plantas.
“Los trabajadores mueren a mengua en una institución sin condición alguna para prestar servicios de salud”, alegó Medina, refiriéndose al Hospital de Trabajadores Dr. José Gregorio Hernández.
Agotarán las instancias
La vocería de la actividad afirmó que agotarán todas las instancias hasta ser atendido, destacando que esta situación no tiene tintes políticos, sino que se trata de una violación a los derechos humanos.
“Hemos vivido situaciones críticas en cuanto a la salud. Queremos dejar claro que vamos a proceder jurídicamente. Si tenemos que radicalizar las cosas como pasó con Cruz Hernández y con Celis Rondón, que tuvimos que mostrar cómo le tuvieron que sacar una tripa y mandarlo a su casa a morirse; lo haremos. Si tenemos que forzar a la CVG lo vamos a hacer, es la manera en la que dan respuesta”, afirmó César Soto, dirigente laboral de Sidor.
Las declaraciones hacen referencia a los casos del sindicalista Cruz Hernández, quien pasó cuatro días en espera para ser atendido tras una obstrucción intestinal y la situación de Celis Rondón, quien requiere una intervención quirúrgica tras una complicación médica.
