







El exalcalde Gilberto Villarroel destacó el potencial de Guayana para el rescate del aparato productivo del país.

La muerte en manos del Estado del comerciante Víctor Hugo Quero Navas reactiva el clamor nacional por una amnistía real. Desde Bolívar familiares y ex presos políticos advierten que no habrá ruta democrática ni reconciliación posible mientras las cárceles sigan llenas por motivos de conciencia.

En la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, conocida como Zona 7, tanto parientes como apresados iniciaron una huelga de hambre hace varios días tras incumplirse el plazo de excarcelaciones anunciado por Jorge Rodríguez.

“¿Qué está pasando?” es la frase más repetida por padres de la ciudad, quienes enfatizan en que hay que redoblar esfuerzos para proteger a la juventud.

Se estima que casi 1.300 familias permanecen afectadas en el estado Bolívar debido a la crecida del Orinoco, fluvial que está creciendo entre 3 a 5 centímetros por día.

Correo del Caroní se trasladó hasta la zona, donde los charcos y las cunetas llenas de agua están a la orden del día, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos, quienes deben salir hasta de madrugada a casa de vecinos o amigos si el agua “nos llega a la cama”.

La situación de los detenidos políticos es especialmente crítica. Muchos de ellos han sido sometidos a incomunicación prolongada y aislamiento. Estas condiciones favorecen la aplicación de torturas, dificultando la supervisión y el acceso a la justicia. La arbitrariedad en las detenciones agrava aún más su vulnerabilidad.

El pasado 19 de abril en medio de varias campañas organizadas por el gobierno fue tendencia Carlos Lanz. Sus amigos y familiares intentaron nuevamente llamar la atención a 20 meses de su desaparición.

Y si a alguien, a estas alturas, le quedaba alguna duda, siquiera mínima, sobre la necesidad impostergable de que se vayan, tenemos el caso de la negativa a recibir ayuda humanitaria, en especial medicinas, para una población que se muere de mengua.