@g8che
En medio de hermetismo y amedrentamiento laboral, CVG Venalum inició a mediados de julio el desmantelamiento de 360 celdas electrolíticas P-19 en el complejo II de su planta. En redes sociales se publicaron videos e imágenes pertenecientes a las supuestas estructuras picadas, que más allá de estar inoperativas, estaban en capacidad de ser reactivadas para la producción de aluminio primario, según afirman los técnicos y trabajadores de la estatal.
El desarme se hizo con la aprobación de un punto de cuenta firmado en febrero por el entonces ministro de Industrias, Tareck El Aissami y el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado.
Pero en abril, la consultoría jurídica de la estatal objetó los fundamentos legales y técnicos argumentados para justificar el desarme, opinión que, a pesar de no ser vinculante, insistía en que la medida incumplía parámetros de ley.
La consultoría apuntó que los anillos y puentes de las celdas electrolíticas no eran adquiridos para su venta -como sí lo es el aluminio primario- y que por, al contrario, son componentes de la unidad de producción y forman parte del sistema de producción de aluminio.
Además, citaron el artículo 5 numeral 1 de la ley de Orgánica de Bienes Públicos, que establece como un bien público: “Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan”, para cuestionar la medida.
“Pretender catalogar una parte (puentes y anillos), componentes de ese sistema, como no pertenecientes a lo que define la ley como bienes públicos, en nuestra concepción, es errado”, añadió la consultoría en su informe.
Falsos supuestos
En el documento se sostiene que la instrucción PRE-149-2021 de fecha 25 de marzo en el que la presidencia de CVG Venalum ordena la “extracción” de los puentes anódicos y anillos para su posterior fundición y venta en lingotes de 22 kilogramos, está basada en “falsos supuestos de hecho y derecho”.
Es decir, que los argumentos para el desarme de las celdas a nivel técnico y jurídico no eran aplicables al caso, por lo que su ejecución es sancionable, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, pese a la negativa del gerente de planta y el consultor jurídico, el resultado es más de 40 celdas P-19 convertidas en chatarra de aluminio. Aunque posteriormente el desarme se paralizó, estas estructuras quedaron inservibles y con un costo de reactivación muchísimo más alto del que tenían inoperativas.
La norma
La Normativa Aplicable a los Órganos y Entes del Sector Público Nacional Sobre las Modalidades de Enajenación y Desincorporación de Bienes Públicos establece al menos 7 requisitos para la desincorporación de un bien público.
Entre los requisitos que se necesitan, está un documento original de la solicitud de autorización para la desincorporación, con exposición de motivos e identificación exacta de los bienes.
Además, una relación detallada de los bienes a desincorporar con indicación de su valor contable, ubicación, marca, modelo, número de serial, número de factura, número del bien, fecha de adquisición, costo de adquisición, método de depreciación y un informe técnico debidamente firmado y sellado por el área encargada, indicando las causas o hechos ocurridos que ameritan la desincorporación.
Posteriormente, debe pasar por un proceso de revisión Se debe elevar dicha solicitud a la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos para su consideración y respectiva autorización.
Ninguno de estos documentos ha sido presentado públicamente hasta ahora por la empresa, ni se ha informado sobre el proceso a realizar en la Superintendencia de Bienes Públicos para la aprobación del desmontaje.
Solo para chatarrear
Desde que se comentaba entre los trabajadores las intenciones de desmontar las celdas, expertos del sector aluminio rechazaron la medida de desarme, argumentando que las celdas V-350 no entraban en las instalaciones del Complejo II, al ser más grandes que las que se pretendía desmantelar.
Además, se señalaba que las celdas P-19 estaban en condiciones para ser reactivadas a un menor costo de lo que saldría destruirlas para instalar las celdas V-350, dato no menos importante ante el estado de quiebra de las industrias de Guayana.
El expresidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales de CVG Venalum, Manuel Díaz, sostuvo que no se cumplieron los procesos de ley para el desarme de las celdas. “Lo que querían era chatarrear esa empresa”, cuestionó.
La gerencia de la estatal argumentaba antes del desmontaje que las P-19 en complejo II, estaban en obsolescencia por lo que la instalación de las V-350 era una adecuación tecnológica. Díaz recriminó que la mismas P-19 que fueron calificadas como obsoletas, fueron reactivadas en complejo I. “Llevan 13 celdas operativas, ¿cuál era la bulla que las celdas eran obsoletas?”.
“No hubo un interés de hacer las cosas correctamente, al ser un bien público, se debió esperar el dictamen de la Superintendencia de Bienes Públicos”, dijo un empleado que prefirió no identificarse.
Cuestionó que mientras en el mundo están activando celdas electrolíticas por el precio histórico del aluminio, por encima de los 3 mil dólares por tonelada, en Venezuela se están desarmando.
Otro empleado dentro de planta que, prefirió no ser identificado, señaló que, tras la paralización del desarme, la empresa no ha explicado qué pasará con las celdas de complejo II y la instalación de las V-350. Es un tema del que poco se habla en la empresa. “Eso está calladito”, dijo.
Hasta ahora, es poco lo que se sabe sobre la estructura desarmada y sobre a quién será vendida luego de ser fundida. Lo que sí se sabe, es que las promesas de adecuación tecnológica generan pocas expectativas en los empleados de CVG Venalum.
La estatal CVG Alcasa también sufrió la desincorporación de sus celdas a finales de 2020, en este caso, el desarme fue peor: 382 celdas fueron desmanteladas para venderse y, supuestamente, ser reemplazadas por un laminador traído de Serlaca.
Hasta la fecha también es un tema del que poco hablan las autoridades de CVG Alcasa, mientras trabajadores y expertos del sector aluminio señalan que el laminador nunca será instalado ya que está inoperativo, quemado y con equipos dañados.
