La declaración firmada por siete instituciones surge en el contexto de la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, aunque no se publicaron actas de votación que avalen el resultado de su triunfo.
Jorge Rojas reiteró la disposición para dialogar “con el Gobierno de Venezuela y con la oposición” para caminar hacia una “paz política”.
“Vamos a estar claros: Cualquier diálogo o negociación que se plantee con el propósito de superar la crisis política, debe hacerse reconociendo como punto de partida los resultados electorales del 28 de julio, que Nicolás Maduro se niega a aceptar”.
La UE también dijo que seguirá trabajando con los socios regionales para apoyar al pueblo venezolano y ratificó su disposición a respaldar una transición constructiva e inclusiva con garantías para todas las partes a fin de resolver el estancamiento político.
“La Unión Europea está dispuesta a movilizar todos los instrumentos a su disposición para apoyar la democracia en Venezuela”.
El exrector del organismo electoral indicó que el recurso no busca solo una respuesta política, sino que también representa una opción para el país.
La oposición democrática, que postuló a Edmundo González Urrutia, publicó en una página web las actas electorales que logró recolectar, pese a los amedrentamientos de militantes del chavismo y miembros del Plan República.
Al menos 21 países también coincidieron en la necesidad de que se renueve el mandato de la Misión de Determinación, una decisión que se votará en octubre, la liberación “incondicional” de todos los presos políticos, así como el retorno de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela sin que se modifique su labor en el terreno.
El mandatario no hizo ningún comentario específico sobre la crisis diplomática entre España y Venezuela, pero mencionó este país latinoamericano al hablar de sus prioridades para este curso político.
Una de las fuentes calificadas de Armando.info asegura que las acciones llevadas a cabo por estos funcionarios constituyeron una “farsa completa” porque no hubo un protocolo para llevar a cabo una auditoría y, como no estaban las partes involucradas, se muestra entonces como un “proceso viciado”.