En una declaración conjunta, los firmantes han reiterado que las elecciones fueron organizadas por “el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevadas a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia”.
¡Que los violadores de derechos humanos sean sus mismos jueces en la ONU, en nada difiere con lo que el pueblo de Venezuela hace en 1999! Con votos autoriza a Hugo Chávez para que sepulte la moribunda Constitución de 1961 y asuma como dictador, hasta para cambiarle el nombre a la república, modificar los símbolos de la patria, y legislar a su arbitrio como lo hace su causahabiente, el Milosevic del Caribe.
El Grupo de Lima rechazó la “persistencia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de celebrar elecciones parlamentarias sin las mínimas garantías democráticas”.
La coalición de países considera que una transición “rápida y pacífica” en Venezuela “es el camino más efectivo y sostenible para la estabilidad, la recuperación y la prosperidad” del país, por lo que se comprometen a seguir ayudando “al pueblo venezolano a alcanzar un futuro pacífico, próspero y democrático”.
El presidente de la Asamblea Nacional sostuvo en Bogotá (Colombia) una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y otros dirigentes de la región, para abordar la crisis en el país.
La juramentación se realizó sin comprobar quórum ni efectuar votos por plancha, como establece el protocolo. Mientras la nueva junta se juramentaba, la mayoría de los diputados de oposición intentaban llegar al Palacio Legislativo.
Entre los países que se sumaron al boicot está Chile, que ejerce la presidencia de la COP25. Ecarri condenó en Twitter la intervención del “usurpador Arreaza”, enviado “del régimen más depredador del ambiente en América Latina”, dijo.
“Solamente el pleno restablecimiento de la democracia permitirá superar la crisis”, recalcó el grupo en un comunicado este viernes.
Han reiterado “su permanente compromiso de continuar promoviendo, junto con la comunidad internacional, la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.
La coalición reiteró su disposición a “adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de Derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”.