Un tubo de agua corroído emerge como único puente que sostiene un asentamiento indígena enclavado en la urbe, cuyo viaje hacia el asfalto no fue una elección, sino el último recurso de supervivencia.
Los habitantes de Jjanuka, originarios de comunidades como San José de Amacuro en el estado Delta Amacuro, dejaron atrás los caños del Delta porque su hogar ancestral se transformó en un territorio hostil.
La historia de este exilio tiene una raíz profunda: la intervención del caño Manamo en la década de los años sesenta, que alteró el ecosistema, sumado a una crisis contemporánea que hizo de la pesca y la siembra una lucha infructuosa. Desplazados por el hambre y la falta de tierras fértiles, los “hombres de agua” buscaron en San Félix, estado Bolívar, el refugio que el río, ahora cercado por la precariedad y el abandono, ya no podía darles.
A pesar de ser vecinos de San Félix por tres décadas, sus 120 habitantes son víctimas de un borrado administrativo sistémico. Aunque portan cédulas de identidad, Jjanuka no existe en los mapas del bienestar social. El Estado los ha ignorado en los censos locales, una omisión que, en la práctica, los desconecta de cualquier política pública.
En este rincón, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) se deshace. Mientras los artículos 110 al 114 garantizan un sistema de salud con pertinencia cultural, en Jjanuka la medicina es un lujo y los diagnósticos se pierden entre la falta de recursos y la desvinculación con sus conocimientos ancestrales. El artículo 7, que ordena su registro oficial para asignar presupuesto, es letra muerta; al igual que el artículo 26, que exige un hábitat digno, ese mandato no se cumple y choca frontalmente con el humo de los vertederos cercanos.
Jjanuka no es solo una comunidad pobre; es la evidencia de que el mayor riesgo para la vida de un indígena warao en Guayana no es una patología biológica, sino el abandono institucional. Aquí la supervivencia depende de la resiliencia de quienes solo recuperan su existencia para el Estado cuando el humo de su basura molesta a la ciudad o cuando el calendario electoral exige su presencia.
La escuela que borra la cultura
Cada mañana, los niños de Jjanuka cruzan una frontera invisible que no aparece en los mapas de San Félix. No solo recorren unos cientos de metros de asfalto y tierra; transitan de un universo donde son el “pueblo de la canoa” a un aula donde esa identidad parece un estorbo para el aprendizaje. Dejan atrás las barracas de madera y el humo de los fogones -el mismo humo que llena sus pulmones de tos- para caminar hacia la escuela La Rinconada.
En este espacio, la educación, que constitucionalmente debería ser un puente hacia la integración, se convierte en un mecanismo de erosión cultural donde el castellano avanza como una marea que va sepultando, palabra a palabra, la lengua warao.
El sistema educativo en la periferia de San Félix funciona como un tamiz que filtra la identidad hasta dejarla seca. Según los profesores Gilberto Resplandor y Carla Pérez del Centro de Estudios Regionales “Joseph Gumilla” (CER-UCAB), lo poco que se enseña sobre conocimientos ancestrales o idiomas originarios ocurre únicamente a título personal y por motivación propia del docente. Estos contenidos no están sistematizados ni contemplados en el currículo oficial, lo que crea un vacío institucional peligroso: “Si un maestro es trasladado, el trabajo de rescate cultural que realizó se pierde porque no hay una estructura que lo recoja”, advierten ambos investigadores.
Al llegar al bachillerato, este proceso de “borrado” cultural se vuelve irreversible. Para Resplandor y Pérez, la educación media es el escenario de una pérdida acelerada donde los conocimientos tradicionales desaparecen del aula y el proceso se vuelve totalmente en castellano. Materias como química o física se imparten como bloques de cemento, sin ningún apoyo o contextualización indígena, forzando incluso a los profesores de la etnia a limitarse al currículo oficial en español para encajar en el sistema.
El rigor de la ley en Venezuela es cristalino en el papel: el artículo 121 de la Constitución y el artículo 21 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci), garantizan una educación intercultural bilingüe. El mandato es explícito: los programas deben adaptarse a la cosmovisión, los valores y, sobre todo, al idioma originario de cada etnia. Sin embargo, en las aulas de La Rinconada, la realidad es un monólogo en español. No hay maestros que dominen el warao, no existen textos que narren la historia de los caños del Delta, y el currículo ignora que, para estos niños, el mundo se explica y se entiende mejor a través del río que desde el cemento. Esta ausencia de pertinencia cultural genera lo que estos especialistas denominan una “asimilación forzada”: para pertenecer al sistema, el niño debe dejar de ser indígena y convertirse en un “criollo” más.
Esta desconexión no es solo un dilema pedagógico; es una sentencia de muerte para la cohesión del grupo. Como bien señala la perspectiva antropológica de José Cañizales, la pérdida del entorno natural -el río y el morichal- ya supuso un golpe devastador para la identidad de Jjanuka. Al ser despojados de su geografía sagrada, la lengua queda como el último refugio de su ser. Pero cuando la escuela ignora ese idioma, el mensaje que reciben las nuevas generaciones es que su cultura carece de valor en el mundo moderno. El resultado es un silencio generacional: los niños comprenden a sus abuelos, pero les responden en español, y con cada término warao que cae en desuso, desaparece una forma única de entender la naturaleza y la comunidad.
El impacto más tangible de esta “escuela que borra” es la deserción. Para muchos jóvenes de Jjanuka, el aula se percibe como un territorio hostil o, en el mejor de los casos, ajeno. Al no verse reflejados en lo que estudian, el desinterés se impone. El sistema educativo, lejos de actuar como un motor de ascenso social, termina impulsándolos hacia la economía informal del sector Pinto Salinas, perpetuando el ciclo de precariedad e insalubridad que el propio Estado dice querer combatir. En las estadísticas oficiales, quizás aparezcan como alumnos inscritos, pero en la práctica son excluidos por un sistema que los alfabetiza en una lengua extraña mientras los vuelve analfabetas de su propio gentilicio, empujándolos a oficios -limpiar terrenos, recolectar basura- que terminan por enfermar sus cuerpos.
Al final del día, cuando los cuadernos se cierran y los niños regresan al asentamiento, el conflicto persiste. La comunidad de Jjanuka sobrevive en una resiliencia solitaria, donde el capitán Stanislao La Cruz y las familias intentan mantener sus estructuras de gobernanza frente a una urbe que los ignora. La batalla por la educación es crítica: si la escuela sigue siendo un espacio de omisión, el derecho a la identidad se convertirá en un recuerdo. Mientras el Estado no garantice que un niño pueda aprender matemáticas y, al mismo tiempo, honrar la lengua de sus ancestros, la educación en San Félix no será una herramienta de libertad, sino el sello final de una invisibilidad impuesta por el olvido.
Esperanza precaria: la resiliencia, el conuco, la lucha de la comunidad
El futuro de Jjanuka no puede depender únicamente de la resistencia de sus ancianos. Los profesores Resplandor y Pérez subrayan que, ante la falta de lineamientos oficiales, la familia se mantiene como el último núcleo de preservación del idioma. “La escuela actual no refuerza lo que el niño aprende en casa -señalan-, lo que sentencia a la lengua a desaparecer si no se practica en la comunidad”. Para romper este ciclo de silencio, los expertos sugieren que en comunidades con alta concentración indígena debe exigirse de forma oficial (por parte de las autoridades competentes) el uso del idioma propio, dejando de depender de la voluntad individual del maestro. La propuesta es clara: la participación activa de la comunidad para demandar un currículo adaptado a su realidad, amparado en convenios internacionales como el OIT 169, es la única forma de que la educación deje de ser un agente de borrado y se convierta en un escudo de identidad. Pero esa exigencia cultural se estrella contra una realidad más inmediata: cuando un niño llega al hospital con fiebre, el médico no pregunta por su lengua materna. Solo extiende una receta. Y si la familia no puede comprar el medicamento o no comprende la indicación, toda la batalla por la identidad se vuelve secundaria.
Mientras Ciudad Guayana se debate en sus propias crisis de asfalto y ruidos, en este cerrito de Pinto Salinas la vida se mide por la capacidad de arrancarle algo al suelo seco.
El capitán Stanislao La Cruz no espera por los censos que nunca llegan ni por las promesas que se oxidan al igual que el tubo de agua de la entrada. Él prefiere confiar en su conuco. Con la espalda encorvada por los años y el conocimiento ancestral de quien sabe que la tierra es la única que no miente, siembra yuca dulce y amarga. Es un acto de fe en un entorno hostil.
“Aquí yo estoy limpiando ahorita… sembré yuca dulce. Pero con este sol se está secando ya. Tengo poquito para hacer casabe. Uno limpia para sembrar, pero las promesas quedan en nada”, sentencia Stanislao, con la vista puesta en unos brotes que luchan contra el rigor del clima y la desidia estatal.
Esa lucha se traduce también en la supervivencia económica. Para muchos en la comunidad, la integración a la urbe ha significado cambiar la curiara por la desmalezadora. Por jornadas extenuantes limpiando terrenos ajenos, algunos reciben pagos que apenas rozan los veinte dólares; una cifra que en la ciudad apenas alcanza para un par de productos, pero que en Jjanuka representa la diferencia entre el hambre y un plato de casabe sobre la mesa.
A pesar de ser un punto ciego en los mapas oficiales del municipio Caroní, Jjanuka es una pieza viva del rompecabezas social de San Félix. Su invisibilidad es administrativa, no humana. Son los “hombres de agua” que, tras ser desplazados por la degradación ambiental de sus caños originarios, han aprendido a “navegar” la periferia urbana. Trabajan, siembran y resisten en silencio, recordándole a una ciudad que prefiere ignorarlos que ellos también son parte de su fuerza laboral y de su memoria histórica.
Aferrados a la resiliencia
Esta historia no termina con una solución, sino con una constatación: mientras el Estado siga viendo en estos asentamientos un error estadístico, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas seguirá siendo papel mojado. Por ahora, la única ley que se cumple con rigor en este rincón de Guayana es la de la resiliencia de Stanislao y su gente.
Esta historia es parte de una serie de publicaciones resultado de la Incubadora de Historias Amazónicas de la Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana. Edición: Beisys Marcano. Coordinación de RR SS: Joelnix Boada. Diseños: Jaimar Rodríguez. Montaje: Vicente Marcano
