La ONG Acceso a la Justicia hace un repaso por la ruta de la Asamblea Nacional, elegida en 2015, para la transición democrática en Venezuela. Las primeras apreciaciones de esta organización es que a corto plazo no se vislumbra una solución política, electoral y pacífica de la crisis institucional en Venezuela. Mientras tanto se consolida el control político por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional elegida en 2015 modificó parcialmente el pasado 26 de diciembre la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia, la cual no contó con el respaldo parlamentario de una fracción de Acción Democrática.
La reforma modificó el artículo 11 del estatuto, cuyo texto establece que el proceso realizado el 6 de diciembre de 2020 no fue una legítima elección parlamentaria, por lo tanto estableció que los actos que emanen de ese nuevo Parlamento son nulos e ineficaces.
El estatuto, agrega Acceso a la Justicia, también incluye la premisa de la continuidad del mandato del Legislativo electo en 2015.
“Sobre la base de que la AN de 2015 es la única institución constitucional que goza de legitimidad de origen, la norma establece la prórroga y preservación del mandato legislativo hasta el 5 de enero de 2022, mientras se restablezca la confianza institucional por medio de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias que fomenten la democratización en el país”, analiza la ONG.
La ruta de la AN electa en 2015 también dispuso la asignación de una comisión delegada como instancia que ejercerá la continuidad de este Parlamento.
El instrumento legal indica que la comisión delegada estará presidida por la junta directiva de la Asamblea Nacional y compuesta de acuerdo a la integración establecida en el artículo 195 de la Constitución (artículo 13).
“Además de recoger las funciones previstas en la Constitución se incluyen otras adicionales: dar continuidad a las funciones del Poder Legislativo nacional; actuar para el restablecimiento del orden constitucional, asegurando la separación de poderes; autorizar la designación hecha por el presidente de la República del procurador especial de la República y de los jefes de misiones diplomáticas, así como designar al contralor especial de la República; promover interna e internacionalmente la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, así como el restablecimiento de la democracia; defender los derechos humanos, procurar el rescate del sistema de garantías y libertades constitucionales, así como propiciar la reversión de la crisis humanitaria compleja”.
Asimismo, el texto crea un consejo político para llevar a cabo la coordinación, seguimiento y evaluación de la acción de la presidencia encargada de la República.
La respuesta de Maduro
La respuesta del régimen al estatuto de la Asamblea Nacional opositora fue a través del Tribunal Supremo de Justicia, que el 30 de diciembre de 2020 admitió y decidió la demanda de nulidad presentada por los otrora diputados opositores Oscar Adolfo Ronderos Rangel y Ezequiel Eligio Pérez Roa.
“En tal sentido, mediante sentencia N° 274, la Sala Constitucional declaró la nulidad e ineficacia de la reforma del estatuto por considerar que es contrario al texto constitucional; en buena medida, reiteró el contenido de su fallo N° 6 del 8 de febrero de 2019, por medio del cual rechazó este instrumento normativo ante la falta de legitimidad del órgano parlamentario dominado por la oposición”, recuerda Acceso a la Justicia.
Además, el TSJ pidió a la Contraloría General de la República evaluar y cuantificar los daños materiales y patrimoniales, causados al patrimonio público como consecuencia de las actuaciones del Parlamento opositor.
Consecuencias para los venezolanos
“Lamentablemente no se vislumbra ninguna solución política, electoral y pacífica de la crisis institucional a corto plazo. A medida que se consolida el control político por parte del gobierno de Maduro se alejan las esperanzas, especialmente ante la agudización de la represión a la disidencia”, señala Acceso a la Justicia.
Consideran que los problemas de hiperinflación e inseguridad continuarán aquejando a los venezolanos en medio de la pandemia, además de ineficiencia y corrupción sin límites bajo el amparo gubernamental.
