El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar las presuntas irregularidades y el destino de más de 9 millones de dólares del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de su personal docente. La acción penal surge tras las brechas financieras detectadas en las auditorías de traspaso de la gestión de la exrectora Cecilia García Arocha, quien administró de forma directa y centralizada estos recursos destinados a la seguridad social de los profesores.
En declaraciones ofrecidas a El Nacional este jueves, el médico cirujano Antonio París, exrector de la UCV y representante de los profesores ante el Consejo Universitario, expuso la gravedad del expediente que ya se encuentra en manos de la Fiscalía. El caso pone bajo escrutinio los 14 años de mandato ininterrumpido de la exrectora, gestión cuyo cierre contable ha dejado profundas dudas institucionales y una merma patrimonial líquida sustancial sin justificación clara hasta la fecha.
De 18 a 8 millones: el desvanecimiento del patrimonio de retiro
Para comprender la magnitud de la crisis, París recordó que, por normativa institucional, las autoridades rectorales de la UCV deben durar estrictamente cuatro años en su gestión. Sin embargo, el período de García Arocha se extendió de manera excepcional por un lapso de 14 años (desde mayo de 2008 hasta julio de 2023), debido a una prolongada impugnación jurídica que paralizó los procesos electorales internos. Al culminar su gestión y concretarse la transición rectoral con la llegada del actual rector, Víctor Rago, comenzaron a emerger discrepancias y reclamos generalizados sobre el manejo financiero de la casa de estudios.
El foco principal de la controversia recae sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del personal docente de la UCV, patrimonio constituido históricamente con los aportes y cotizaciones directas de los profesores universitarios para garantizar su seguridad social. De manera unilateral y bajo la administración de García Arocha, se tomó la determinación de disolver e iniciar la liquidación de la estructura autónoma del fondo para transferir la totalidad de sus recursos y control directamente al Consejo Universitario.
Esta decisión provocó fracturas de gobernabilidad inmediatas. París relató que el entonces vicerrector administrativo de la UCV renunció irrevocablemente a su cargo, debido a que la rectora comenzó a absorber de manera directa las atribuciones inherentes al vicerrectorado, concentrando con carácter monopólico la movilización y destino de los fondos institucionales bajo una interpretación errónea y distorsionada de la figura de “cuentadante única”.
Cuando se inició el proceso formal de traspaso del Fondo de Jubilaciones, la auditoría técnica coordinada por el profesor Alejandro Cáriba, explica, demostró de manera documentada que el capital disponible ascendía a una suma neta de 18 millones de dólares en efectivo y carteras de inversión internacional. No obstante, al momento en que la rectora finalmente entrega el cargo a la nueva gestión en julio de 2023, en las cuentas apenas quedaban unos 8 millones de dólares. Prácticamente desaparecieron 10 millones de dólares del patrimonio de los profesores, dijo.
Estas declaraciones se alinean firmemente con los reportes de comisiones de expertos de la UCV de julio de 2023, que inicialmente calculaban que el histórico del fondo llegó a albergar más de 25 millones de dólares, alertando desde el primer momento sobre un vacío injustificado de recursos financieros.
La trama de Cedivi: equipos obsoletos y sobreprecio multimillonario
Uno de los puntos más escandalosos de la investigación y que sustenta la presunta malversación de recursos es la adquisición del Centro Diagnóstico para la Vida (Cedivi). De acuerdo con las actas recopiladas, la exrectora García Arocha promovió la compra de esta entidad utilizando, de manera irregular, los recursos líquidos provenientes de la liquidación de instrumentos financieros internacionales del Fondo de Pensiones por un monto total de 4.211.375,03 dólares.
París aclaró de manera tajante una de las principales falacias de la transacción: “Ella presentó el caso como si se tratara de la adquisición de una clínica. Clínica no es porque en una clínica se hospitalizan pacientes y se aplican tratamientos médicos. Cedivi es un lugar donde se hacen exámenes de imagenología diagnóstica”.
La operación financiera se ejecutó prescindiendo de los controles regulatorios esenciales. El informe técnico arroja que mientras el peritaje privado contratado por los vendedores estimaba un valor general de la infraestructura y equipos de 9,2 millones de dólares, una auditoría técnica paralela ordenada por la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv) reveló un escenario radicalmente distinto: el valor de mercado real de los equipos médicos ascendía únicamente a 217.500 dólares, evidenciando una sobreevaluación descomunal.
Ante las alertas financieras, el Consejo Universitario designó en su momento una comisión médica integrada por el propio exrector Antonio París y el doctor Aquiles Salas para evaluar las instalaciones imagenológicas de Cedivi. “El profesor Salas y yo decidimos que no valía la pena comprar Cedivi, porque el equipo más joven que tenía sumaba ya 11 años de comprado”, denunció París.
De hecho, un informe complementario detalló el avanzado estado de deterioro del inventario tecnológico de dicho centro para la fecha de su adquisición, contraviniendo los estándares de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram), que fijan el ciclo de vida útil de estos aparatos entre un máximo de 7 y 10 años:
A pesar del informe médico desfavorable y de la impugnación de la Apucv, la compra se procesó de forma unilateral por las autoridades universitarias. Peor aún, una vez efectuada la millonaria erogación con el capital de los jubilados, la propiedad de Cedivi se transfirió a la Fundación UCV, una estructura corporativa paralela que no posee competencias estatutarias sobre la seguridad social de los docentes, operando el centro médico con tarifas comerciales abiertas al público general.
Conciliación financiera: el descuadre de 4,48 millones de dólares
Los análisis periciales sobre las Inversiones Extranjeras (custodiadas originalmente en firmas internacionales como Scarabaeus Wealth Management AG y RL360) confirman un alarmante descuadre de fondos. El saldo de la cartera administrada en divisas se fijaba en 18.419.170,23 dólares. Deduciendo los desembolsos justificados por la compra de Cedivi (4.211.375,03 de dólares) y los aportes para el Examen Médico Integral de los Profesores (776.980,98 de dólares), el balance de cierre contable en julio de 2023 debió ser de 13.430.814,22 dólares. No obstante, el saldo final reportado ante la entrega rectoral fue de apenas 8.941.937,12 dólares, dejando una brecha neta sin soportes ni justificación de 4.488.877,22 dólares.
Ruta legal: el expediente escala ante el Ministerio Público
El esclarecimiento judicial de estos hechos ha transitado un camino complejo de bloqueos institucionales. Con el relevo en la rectoría y la constitución de una Comisión Ad hoc (integrada por los profesores Oly Millán, Alexis Ramos, Orlando Viscarrondo y Emilio Negrón), se consolidó el informe integral de daños financieros.
En mayo de 2024, tras debatir los hallazgos y en atención a las constantes denuncias públicas del exrector París sobre las “cuentas negras”, el Consejo Universitario de la UCV acordó por absoluta unanimidad remitir todo el expediente formal a la Contraloría General de la República para que iniciara los procedimientos de investigación administrativa y sanciones fiscales correspondientes.
Sin embargo, ante el prolongado silencio administrativo y la ausencia total de resultados o dictámenes oficiales por parte de dicho órgano supervisor, las autoridades universitarias decidieron dar un giro estratégico drástico a principios de este año 2026. Ante la presunción flagrante de hechos delictivos de naturaleza punible, el Consejo Universitario autorizó el envío del informe completo al despacho del fiscal general de la República, con el propósito de abrir una investigación penal exhaustiva amparada en las leyes anticorrupción del país.
“Ha pasado el tiempo y no tenemos informe en la Contraloría, y este año se decidió enviar el mismo informe a la Fiscalía General de la República. Estamos esperando resultados”, ratificó París.
Renacimiento operativo bajo una nueva directiva
Asimismo, pese a esta situación, París informó que Cedivi cuenta con una junta directiva completamente reestructurada, de la cual él forma parte activa.
Como parte de este proceso de refundación técnica, París anunció la adquisición e instalación de un tomógrafo de origen chino, de última generación, con el cual se está atendiendo mucho mejor al personal docente de la UCV.
