La familia de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni Mora hizo un llamado a la comunidad internacional, en especial a la representación diplomática de Estados Unidos en Venezuela, para que contribuya a impulsar el cierre del caso judicial que se mantiene abierto desde hace más de 16 años.
La solicitud fue dirigida al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barret, en una carta pública suscrita por Nelson Afiuni Mora, hermano de la exjueza, y la abogada Thelma Fernández, representante legal de la familia.
En el documento, los firmantes piden a organismos internacionales, gobiernos democráticos, relatorías de Naciones Unidas y actores diplomáticos que mantengan atención sobre el caso y apoyen una solución que permita el restablecimiento pleno de los derechos de la exmagistrada, así como el cierre del proceso judicial.
“El proceso permanece abierto, las restricciones continúan vigentes, y las solicitudes destinadas a poner fin definitivo a esta situación permanecen sin una respuesta efectiva”, señala la comunicación. La familia insiste en que la situación de Afiuni sigue sin resolución pese al tiempo transcurrido.
Solicitan que se promueva el fin de las limitaciones legales que pesan sobre la exjueza, así como el reconocimiento pleno de sus derechos civiles y familiares, afectados desde su arresto.
Una causa que marcó el sistema judicial venezolano
María Lourdes Afiuni, jueza penal, fue detenida en apresada de 2009 luego de otorgar medida cautelar de libertad al empresario Eligio Cedeño, decisión que había sido recomendada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Su arresto generó controversia nacional e internacional, al ser interpretado por organizaciones de derechos humanos como caso emblemático de persecución judicial en Venezuela. Organismos han señalado que su detención tuvo efectos directos sobre la independencia del Poder Judicial.
Durante el proceso, la exjueza fue privada de libertad en un centro de reclusión común y posteriormente sometida a medidas restrictivas prolongadas. Organizaciones internacionales han documentado denuncias sobre tratos crueles, así como el impacto físico y psicológico del proceso en su salud.
La familia sostiene que el caso fue precedido por declaraciones públicas del entonces presidente Hugo Chávez, quien pidió su condena en cadena nacional, lo que -según la carta- comprometió la independencia judicial en el país.
Impacto familiar y reclamo de cierre del caso
Los firmantes subrayan que Afiuni ha permanecido durante años en situación jurídica sin resolución definitiva, lo que ha impedido el pleno ejercicio de sus derechos y su vida familiar, incluido el contacto con su hija y nietos residentes en Estados Unidos.
Advierten sobre lo que denominan el Efecto Afiuni, expresión utilizada para describir el temor en el sistema judicial venezolano a emitir decisiones en casos de alto impacto político.
La carta cuestiona que pese a iniciativas de reforma judicial y procesos de consulta anunciados en el país, el caso de la exjueza no haya sido incluido en medidas de revisión o reparación.
“Cerrar este expediente no es solamente reparar una injusticia contra una persona, es también enviar un mensaje en favor de la independencia judicial, de la dignidad humana y de la necesidad de que ningún juez vuelva a ser perseguido por aplicar la ley”, concluyen.
