La crisis climática ya no es una amenaza futura para Venezuela, está aquí. Se siente cuando los embalses disminuyen sus niveles durante las sequías largas, cuando las lluvias arrasan comunidades enteras en cuestión de horas o cuando las temperaturas más elevadas favorecen la proliferación de especies invasoras y alteran ecosistemas completos. Son fenómenos que ocurren cada año con mayor frecuencia e intensidad y frente a los cuales el país sigue sin una política nacional de adaptación que permita reducir daños y prepararse para lo que viene.
La ausencia de planificación resulta especialmente llamativa si se considera que Venezuela, como Estado parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, asumió el compromiso de diseñar estrategias y planes para enfrentar estos impactos. Sin embargo, más allá de algunos anuncios dispersos, el país continúa sin una hoja de ruta clara para responder a una crisis que ya está afectando tanto a las comunidades como a la economía.
La factura de esa inacción comienza a hacerse visible. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) estimó que durante la última década el cambio climático redujo el producto interno bruto per cápita de Venezuela entre 0,9% y 1,3%. Pero el escenario más preocupante está en puerta. Las proyecciones de la institución indican que, en apenas cuatro años, el impacto económico podría multiplicarse hasta ocho veces, provocando que el producto interno bruto nacional sea 10% menor al que habría alcanzado sin los efectos asociados al cambio climático.
No se trata únicamente de un problema ambiental. Es una amenaza para la producción agrícola, la seguridad alimentaria, la infraestructura, los servicios públicos y la capacidad del país para generar riqueza en el futuro.
Pese a ello, la respuesta institucional permanece prácticamente congelada. El proyecto de Ley contra el Cambio Climático acumula más de cuatro años en la Asamblea Nacional sin superar su primera discusión. Ya en 2022, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela advertía sobre las limitaciones de la propuesta y cuestionaba si la norma terminaría enfocándose más en soportar las consecuencias de “la destrucción que el desarrollismo bolivariano promueve” que en transformar las causas estructurales de la crisis ambiental.
La propia Secretaría Académica de Cambio Climático de la Acfiman ha señalado que la demora en aprobar este instrumento legal constituye un obstáculo para “la definición de una efectiva institucionalidad nacional en la materia y para la gobernabilidad ambiental” en la nación.
Para Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el problema va mucho más allá de una ley pendiente. A su juicio, Venezuela necesita replantear la manera en que entiende el desarrollo y dejar atrás la idea de que el crecimiento económico, por sí solo, resolverá los problemas sociales. “Hace falta voluntad política. Hace falta algo muy importante… Transitar de los programas y de los planes a tener políticas ambientales modernas, coherentes, bien estructuradas y bien pensadas”, sostiene.
El investigador considera que el país debería destinar entre 1% y 5% de la inversión pública a incorporar criterios ambientales en los proyectos de desarrollo y adaptación climática. No hacerlo implica seguir acumulando riesgos que más adelante resultarán mucho más costosos de atender.
“Venezuela tiene que definir cosas importantes en esta coyuntura, como cómo hacer que el crecimiento económico apunte al desarrollo sostenible. Sabemos que crecimiento económico no es igual a desarrollo. Tú puedes tener un altísimo producto interno bruto y continuar siendo un país con déficit de desarrollo”, advierte.
La pregunta, entonces, no es cuánto cuesta prepararse para el cambio climático, sino cuánto más costará seguir postergándolo.
El foso del financiamiento climático
La vulnerabilidad climática de Venezuela no se vincula únicamente a la intensidad de las amenazas ambientales que enfrenta el país, sino a algo mucho más concreto: la falta de recursos para prepararse.
Un informe elaborado por el Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Escuela de Clima de la Universidad de Columbia y la Fundación Rockefeller ubicó en 2025 al país como el peor preparado de América Latina y el Caribe para enfrentar los impactos del cambio climático, sobre todo en términos de capacidades disponibles para responder a riesgos naturales, más allá de ellos en sí.
Entre los principales obstáculos identificados figuran la debilidad institucional, las limitaciones para acceder a financiamiento internacional y la ausencia de mecanismos transparentes que permitan canalizar recursos hacia programas de adaptación y resiliencia.
La situación resulta particularmente compleja porque adaptarse al cambio climático requiere inversiones sostenidas durante años. Se necesitan sistemas de alerta temprana, infraestructura resistente a inundaciones y sequías, protección de cuencas hidrográficas, monitoreo científico y programas de atención para comunidades vulnerables. Todo ello demanda recursos que actualmente el país tiene dificultades para movilizar.
Organizaciones como Clima 21 advierten que el “elevado endeudamiento y la falta de acceso a los mercados financieros internacionales” reducen las posibilidades de Venezuela para acceder a fondos climáticos y mecanismos de cooperación destinados precisamente a fortalecer la “adaptación y construcción de resiliencia climática”.
La consecuencia es una gran problemática que trata justamente sobre cómo uno de los países más vulnerables de la región figura también entre los que tienen menos capacidad financiera para prepararse.
Y tal vez el impacto de este ahogo financiero también se traduce en el desmantelamiento de la capacidad científica indispensable para mitigar riesgos futuros. De allí que Francisco Javier Velasco, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, señale el deber de “afinar y apoyar financieramente las investigaciones sobre este tema en nuestras universidades y centros de investigación. Eso es fundamental”. Pero, de nuevo, la discusión no se limita a construir obras o financiar infraestructura, sino que también implica fortalecer la capacidad técnica del país para entender los riesgos que enfrenta y diseñar respuestas adecuadas.
Datos históricos de la Acfiman indican que entre los años 2000 y 2019 se reportaron más de veinte desastres provocados por inundaciones en el país, “que significaron una pérdida de más de mil millones de dólares, cifra que tiene relación directa con el presupuesto nacional”. Y sus modelos estiman que, sin infraestructura adecuada, los riegos económicos aumentarán de forma exponencial, entre 700% y 2.000%, para finales de siglo, 2081-2100.
En este contexto, Benítez insiste en que la prioridad inmediata debe ser reconstruir la infraestructura de diagnóstico, la cual se encuentra en un estado de abandono crítico. “Tienes que pensar en invertir en mejorar la cobertura de las estaciones climatológicas que tenemos en el país. La red está prácticamente desmantelada, no hay muchos datos, no hay datos confiables”, advierte. Para él, la instalación de estaciones climatológicas operativas y de sistemas de alerta temprana es indispensable para salvar vidas, proteger la infraestructura de los centros poblados y detener el aumento de desplazados internos por deslaves o inundaciones.
La viabilidad de estas respuestas científicas choca con la asfixia financiera que el Estado impone a los centros de investigación. Desde el observatorio, Velasco recalca que el diseño de cualquier estrategia seria y sólida requiere, obligatoriamente, el apoyo financiero gubernamental a las investigaciones en las universidades y centros autónomos del país, un sector que hoy genera data en medio la opacidad informativa generalizada.
El reto de la adaptación climática en Venezuela, coinciden los investigadores, no radica en la falta de diagnósticos científicos, sino en la ausencia de una institucionalidad que deje de usar el clima como una excusa para el colapso y empiece a tratarlo como la mayor amenaza para el desarrollo del país.
Desplazados del cambio climático no aparecen en estadísticas
En Venezuela, la falta de políticas públicas y de financiamiento a la acción climática no son el único problema. Tampoco existen datos oficiales que permitan dimensionar cuántas personas están siendo desplazadas por inundaciones, deslaves, sequías u otros eventos extremos asociados al cambio climático.
La ausencia de estadísticas, sin embargo, no significa que el fenómeno no exista. Para organizaciones de la sociedad civil y especialistas consultados, ocurre exactamente lo contrario. Es decir, la falta de información es una evidencia más de la incapacidad institucional para registrar un problema que ya está afectando a miles de venezolanos.
Mientras Venezuela permanece prácticamente a ciegas, el resto del continente enfrenta una realidad cada vez más evidente.
El Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2025 (GRID) registró un récord histórico de 14,5 millones de desplazamientos en las Américas durante 2024, una cifra superior a la suma de los cinco años anteriores. Los números muestran que hoy son los desastres, y no los conflictos armados, la principal causa de movilidad humana en la región, pues 13 millones estuvieron asociados a fenómenos naturales extremos, frente a 1,5 millones vinculados a situaciones de violencia.
Venezuela aparece dentro de la categoría de países con menos de 100 mil desplazamientos registrados, un umbral que impide la elaboración de un perfil nacional detallado. Pero esa clasificación dice más sobre las limitaciones para recopilar información que sobre la verdadera magnitud del fenómeno.
Cada temporada de lluvias deja viviendas destruidas, comunidades aisladas y familias obligadas a abandonar sus hogares temporal o definitivamente. Son desplazamientos que rara vez quedan reflejados en estadísticas nacionales y que, al no acumularse en registros oficiales, terminan desapareciendo también de los reportes internacionales.
Para Francisco Javier Velasco, el problema está muy relacionado con el progresivo debilitamiento de las instituciones ambientales del país.
Y Benítez coincide en que el impacto del cambio climático sobre los derechos humanos sigue siendo uno de los aspectos menos conscientizado y menos atendidos por las autoridades, pues bajo este panorama de desinstitucionalización, el argumento del cambio climático suele ser utilizado por la narrativa oficial de forma coyuntural o como una justificación conveniente ante el colapso de los servicios públicos.
“Cuando se usa el argumento del cambio climático se usa para explicar fallas en los servicios de suministro. O decir: ‘Oye, es que cayó un palo de agua muy grande, hubo un deslave’. Bueno, pues eso es el cambio climático, ¿qué vamos a hacer?”, cuestiona Benítez. A su juicio, la discusión en términos de derechos humanos está desdibujada, ignorando realidades críticas como el desplazamiento de comunidades y la vulneración sistemática de los derechos ambientales.
Para el académico, dar los pasos necesarios para ratificar instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú brindaría un marco legal más sólido que fomentaría una mejor gobernanza ambiental y la protección de activistas y ciudadanos.
