La red social W, creada por una firma sueca con el objetivo de desafiar el dominio de X (antes Twitter), comenzó a operar oficialmente en fase de pruebas (versión beta) bajo un modelo diseñado para garantizar la soberanía tecnológica del bloque comunitario.
“Estamos basados en Europa, tenemos las infraestructuras y los centros de datos en Europa, operamos bajo ley europea y solo europeos pueden ser accionistas”, afirmó la CEO de W Social, Anna Zeiter, durante la presentación del proyecto en Bruselas, tras haber mostrado un adelanto de la plataforma en el Foro de Davos en febrero pasado.
La red social se apoya en el protocolo descentralizado AT-Protocol, el mismo estándar abierto desarrollado por Bluesky (la plataforma del cofundador de Twitter, Jack Dorsey).
Su modelo de negocio es transparente: se financiará mediante publicidad regulada bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE y el reglamento de protección de datos (RGPD), además de un sistema de micropagos opcionales para los usuarios.
El gran elemento diferenciador de W frente a sus competidores es su batalla frontal contra la desinformación y las cuentas automatizadas.
Para lograrlo, la plataforma exige que los usuarios demuestren que son seres humanos reales mediante una aplicación independiente que verifica la identidad sin comprometer los datos personales.
Aunque cualquier persona puede ingresar de forma anónima para leer contenidos, la verificación es un requisito indispensable para poder escribir mensajes e interactuar.
Además, el algoritmo priorizará las publicaciones de aquellos usuarios que decidan operar con su nombre real.
El proyecto cuenta con un fuerte respaldo político y geopolítico. En su primer día, destacadas figuras de la cúpula de la UE como Ursula von der Leyen, Christine Lagarde y António Costa estrenaron sus perfiles oficiales.
“Hoy me uno a W, donde los datos se alojan íntegramente en Europa, la lucha contra la desinformación es una prioridad y los usuarios son personas reales”, celebró Costa en su primer mensaje.
El lanzamiento coincide con la ofensiva regulatoria de Bruselas para impulsar los servicios en la nube locales y la producción de chips, una estrategia orientada a reducir la dependencia tecnológica que el continente mantiene frente a las grandes corporaciones de Estados Unidos y China.
