Cuando se cumplen trece días del doble terremoto que sacudió a Venezuela, pero principalmente a La Guaira, Aloa González y Juan Paz viven con la frustración e incertidumbre de no haber podido recuperar los cuerpos de quienes aman. Los dos descubrieron que, además del dolor, existe otra barrera que los separa de cerrar el duelo: conseguir miles de dólares para alquilar la maquinaria necesaria para remover los escombros.
Mientras Aloa denuncia que necesitan una grúa telescópica cuyo alquiler ronda los 3 mil dólares diarios para acceder al lugar donde permanecen al menos 22 personas atrapadas en el edificio Tahití, Juan recibió un presupuesto cercano a los 5 mil dólares por una semana de uso de una máquina que permita continuar la búsqueda de su esposa, Karen Fernández, entre los escombros del edificio Marinamar, donde todavía permanecen al menos 17 cuerpos.
En ambos edificios las labores avanzan lentamente. La inestabilidad de las estructuras obliga a detener constantemente los trabajos y hace indispensable el uso de equipos especializados. Sin embargo, las familias aseguran que la presencia de maquinaria ha sido insuficiente y que, con el paso de los días, la búsqueda depende cada vez más de la capacidad económica de los dolientes o de que el Estado disponga de los recursos necesarios.
A las 11:00 de la mañana del 7 de julio, el silencio frente al edificio Tahití, en la avenida La Costanera de Caraballeda, solo era interrumpido por las conversaciones entre parientes que observaban fijamente la montaña de concreto. Todos esperaban lo mismo, que apareciera una grúa.
El tiempo dejó de medirse en horas desde hace varios días. Ahora se cuenta por oportunidades perdidas. Durante los primeros días, los rescatistas trabajaban con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Hoy los dolientes solo piden recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Tienen pocas esperanzas de encontrar a alguien con vida, pero prefieren quedar sorprendidos por un milagro, así lo relataron al equipo de El Pitazo.
“Estamos como en el día cero, trabajando con las uñas”, dijo Aloa González, mientras observaba el edificio donde aún permanecen atrapados su prima Verónica Liendo, de 52 años, y su tío Francisco Liendo, de 85.
La tragedia golpeó a su familia por partida doble. Sus padres, Analena González, de 72 años, y Asdrúbal Salazar, de 84, murieron en el colapso del edificio OPP-26. Sus cuerpos lograron ser recuperados. Pero otros familiares continúan bajo los escombros.
“Yo me siento privilegiada porque pude rescatar a mis padres. Hay personas que ni siquiera han podido despedirse de los suyos”, contó con la voz entrecortada.
Una cuenta imposible de pagar
Para continuar las labores en el edificio Tahití hace falta una grúa telescópica que permita retirar grandes bloques de concreto y abrir un acceso seguro hacia los niveles donde creen que quedaron los cuerpos.
El problema es que alquilar este equipo cuesta alrededor de 3 mil dólares diarios, una cifra imposible para familias que desde hace casi dos semanas viven entre refugios improvisados, gastos funerarios y pérdidas materiales.
“La prioridad es ver dónde están las máquinas porque nosotros no tenemos cómo pagar 3 mil dólares diarios por una grúa telescópica”, reclamó González.
Explicó que los rescatistas han localizado algunos cuerpos, pero no han podido extraerlos debido a la inestabilidad de la estructura y al peso de los escombros.
“Los cuerpos están tapiados. Sabemos dónde están, pero no hay forma de sacarlos. Se ha intentado entrar por distintos puntos, pero el edificio está muy inestable”, precisó.
La ayuda de rescatistas llegó al sexto día después del terremoto y desde entonces la presencia de equipos especializados ha disminuido.
“El desastre no fue responsabilidad de nadie, pero sí es responsabilidad del Estado responder y darle solución a las familias”, apuntó.
Esperar frente a los escombros
A pocos kilómetros del edificio Tahití, otra familia vive la misma espera. A las 12:30 del mediodía del 7 de julio, frente a las ruinas del edificio Marinamar, en Caraballeda, varias personas permanecían sentadas aguardando la llegada de maquinaria pesada.
Entre ellas estaba Juan Paz, un médico venezolano que estaba en Guinea Ecuatorial cuando ocurrió el terremoto. Diez minutos antes del movimiento telúrico habló por última vez con su esposa, Karen Fernández, de 58 años.
Ella le comentó que abriría la puerta del apartamento a una amiga que le hacía manicure. Después, el edificio desapareció.
