lunes, 13 mayo 2024
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Familiares denuncian negligencia en investigación del femicidio de Milanyela Carvajal y exigen justicia

Señalan a funcionarios del Cicpc por incumplir con el debido proceso. La víctima era comerciante informal en la población minera de El Dorado desde hace tres años y tenía un hijo de cinco años. | Foto cortesía de la familia

@mlclisanchez

Familiares de Milanyela Carvajal, de 22 años, asesinada la noche del domingo 14 de marzo, denuncian desidia estatal en la investigación del femicidio. Gregori José Tovar Estanga, de 27 años, expareja de la víctima, es señalado como presunto autor del hecho.

El crimen ocurrió en un campamento de la mina Los Algarrobos, en la población de El Dorado, municipio Sifontes. La noche de su asesinato, Milanyela estaba con sus padres hasta que Tovar Estanga, de quien se había separado hace dos semanas, le pidió que lo acompañase a un campamento minero de la zona para cobrar una deuda.

 

Codehciu solicita a las autoridades competentes una investigación bajo los estándares de la debida diligencia, buenas prácticas
y oportuna respuesta a los familiares de las tres mujeres víctimas
de femicidios ocurridos en Bolívar.

Ella accedió a acompañarlo. Les dijo a sus padres que la esperaran, que volvería en un momento, pero no regresó. Dos horas después desde la última vez que la vieron, los padres de Carvajal comenzaron a buscarla hasta las 11:00 de la noche, cuando la encontraron encerrada con candados en una barraca de madera que cuidaba Tovar Estanga. El cuerpo de la muchacha estaba tendido en el suelo, cubierto con una sábana blanca.

El padre de la víctima, William Carvajal, forzó la puerta y rompió los candados para poder llegar al cuerpo. Cuando la encontró, Carvajal tenía cuatro heridas en el cuello que, de acuerdo con el parte oficial, fueron ocasionadas por un arma punzante.

Aunque es su competencia, porque la manipulación de evidencia entorpece la investigación, el Cicpc no suele hacer levantamiento de cuerpos dentro de territorios mineros. Por lo que el padre de la víctima tuvo que llevar por su cuenta el cadáver hasta el Centro de Diagnóstico Integral Brisas del Cuyuní en la población de El Dorado, pues solo así obtendría los documentos necesarios para trasladar nuevamente el cuerpo hacia la subdelegación del Cicpc en Tumeremo, a una hora de distancia.

Desinterés estatal y a la fuga el homicida

Milanyela era madre de un niño de cinco años y trabajaba con sus padres como vendedora informal de ropa en ese sector minero desde hace tres años.

En entrevista con Correo del Caroní, familiares informaron que todo el proceso gestión de traslado para pesquisas y autopsia duró al menos 36 horas. Señalan que la autopsia final es imprecisa y escueta, pues solo dice que Carvajal murió por hemorragia externa causada por arma blanca, pero no hubo investigación que determinara si Carvajal fue víctima de abuso sexual, o alguna forma de tortura. Además, denuncian maltrato y desinterés por parte de los funcionarios de investigación del Cicpc, por lo que temen que el caso quede impune.

El retraso en las pesquisas y la falta de refrigeración del cadáver, que agilizó su proceso de descomposición, impidieron que los parientes pudiesen pedir una segunda autopsia.

Tres mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas en el estado Bolívar. Codehciu hace un llamado a las autoridades a actuar con debida diligencia | Foto William Urdaneta

Envuelto en hule, el cuerpo sin vida de Milanyela Carvajal seguía descomponiéndose en una camioneta particular de su familia, a las afueras de la subdelegación del Cicpc en Tumeremo el lunes a las 10:00 de la mañana, mientras la familia de la joven esperaba que los funcionarios firmaran la orden de remisión del cuerpo hacia la sede del Cicpc de San Félix para hacer las pesquisas correspondientes.

Pero no fue sino hasta las siete de la noche que el Cicpc emitió la orden de traslado. Pese a las nueve horas de espera, el cuerpo fue trasladado por el mismo vehículo familiar y no por un vehículo oficial.

El cadáver llegó a San Félix a las 12:00 de la madrugada de este martes. Al final, la familia no tuvo el informe de la autopsia en sus manos sino hasta las 11:30 am.

“Nos estábamos concentrando en que nos entregaran el cadáver y ya porque… aquí no se movilizó ninguna comisión, nada. Hasta ahora no hay ninguna investigación, ellos trabajarán a su ritmo… ellos son simplemente receptores de denuncias porque para activarse…”, manifestó Ángela Méndez, prima de la víctima.

Su familia informó que, en reiteradas ocasiones, Tovar Estanga la había amenazado con suicidarse si ella se atrevía a dejarlo. La relación duró siete meses. “No terminó con su vida, pero terminó acabando con la vida de ella”, manifestó Méndez.

Méndez destacó que es probable que Tovar Estanga haya huido hacia la mina San Martin, ubicada en Guyana. “Suponemos que puede estar allá porque tiene familiares allá, y días antes le había dicho a ella que se quería ir, que lo acompañara”, dijo.

Hasta ahora Tovar Estanga sigue dado a la fuga y los parientes de la víctima no avizoran justicia.

No actuar con la debida diligencia para investigar, sancionar a los culpables y reparar a los familiares de las víctimas solo promueve la impunidad y la revictimización de quienes mueren a causa de la violencia de género, y menoscaba el derecho al acceso a la justicia de los afectados.

Aunque el caso de Milanyela fue remitido a la Fiscalía 5º del Ministerio Público, todavía se desconoce si ya se asignó un fiscal para investigar el caso.

Tres femicidios en menos de dos días

El femicidio de Milanyela Carvajal fue el primero ocurrido en Bolívar en 2021. Pero 10 horas después de este hecho, cuerpos policiales reportaron el femicidio de una mujer en el municipio Angostura, y el hallazgo del cuerpo sin vida de otra mujer en el municipio Caroní.

La mañana del lunes, maniatada, boca abajo, desnuda, y con un golpe contundente en la cabeza y otros signos de agresión física, Delia Pino halló el cuerpo sin vida de su nieta Alyamil Josefina Torres Pino, de 24 años, en el baño de su casa, en el sector Campo A de Ciudad Piar, municipio Angostura.

Alyamil Torres, de 24 años, también fue hallada sin vida en el baño de su casa el 15 de marzo | Foto cortesía

Delia sabía que algo no iba bien porque, esa mañana, Alyamil no fue a abrir el local en el que trabajaba como comerciante. Cuando fue a buscarla a su casa, la halló muerta.

El hecho lo reportaron funcionarios de la Policía del estado Bolívar (PEB). Por el hecho fueron detenidos Anthony Junior Aguilera, de 18 años, y dos jóvenes de 17 años, uno de ellos era su primo. De acuerdo con el Cicpc, los victimarios la mataron porque ella los descubrió robándole sus pertenencias. El caso fue puesto a orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la entidad.

En la tarde de ese mismo día, la Policía Municipal de Caroní reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en uno de los baños abandonados del parque Cachamay. El Cicpc procedió a levantar el cuerpo que, hasta el último parte oficial emitido por las autoridades, permanecía sin identificar.

La brigada motorizada de la Policía del estado en el parque Cachamay informó a Correo del Caroní que se trata de una mujer entre los 18 y 25 años en estado de indigencia. Señalaron que antes de hacer la autopsia el Cicpc reveló que la víctima no tenía signos de violencia sexual.

En un pronunciamiento oficial, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) solicitó a las autoridades competentes una investigación bajo los estándares de la debida diligencia, buenas prácticas y oportuna respuesta a los familiares de las mujeres víctimas de femicidio y hacia mujeres víctimas de los 21 tipos de violencia de género que contempla la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El femicidio es la forma más grave de violencia contra la mujer. Es un problema de salud pública que solo puede prevenirse con políticas públicas con enfoque de género. “El que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio”, define el artículo 57 de la ley.

Durante 2020, en el estado Bolívar hubo 19 femicidios y 185 casos de violencia de género de acuerdo con el monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). Distintas organizaciones feministas y protectoras de derechos humanos como Codehciu y Uquira han manifestado que durante la alarma sanitaria por la pandemia de COVID-19 el estado Bolívar enfrenta dos pandemias: una provocada por el virus SARS – Cov- 2, y la diseminación acelerada de violencia de género en la entidad.

Denuncian que en Bolívar no hay políticas públicas capaces de prevenir la violencia contra la mujer.