Tras los recientes acontecimientos registrados al sur del país, el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, fijó una postura institucional enfocada en la vulnerabilidad de los municipios mineros, los cuales asegura son las principales víctimas de un modelo de desarrollo que fracasó estructuralmente.
El mandatario local advirtió sobre el inminente riesgo de una crisis humanitaria mayor debido a los desplazamientos de población ante los operativos militares a gran escala que generan incertidumbre y temor en la zona.
Explicó que El Callao ya ha vivido un impacto demográfico desproporcionado, pasando de 30 mil a más de 100 mil habitantes en los últimos años, lo que trajo como consecuencia que la ya difícil situación de los servicios públicos se haya convertido en crítica.
“Mi preocupación principal como alcalde es el resguardo de nuestra gente y la capacidad de respuesta de nuestro municipio. Si a raíz de esta situación delictiva y los movimientos en las zonas mineras se desplazan 5 o 10 mil personas más hacia el casco urbano de El Callao, nos enfrentaremos a un colapso total. Hoy tenemos los servicios en el suelo: sufrimos la peor crisis de electricidad, graves deficiencias de agua potable, vialidad destruida y un hospital que no cuenta ni con ambulancias porque el Gobierno nacional no ha desarrollado un plan real de inversión en servicios públicos para nosotros”, alertó la autoridad municipal.
El fracaso del Arco Minero y la defensa del minero honesto
El alcalde fue enfático al señalar que el diseño del Arco Minero del Orinoco no trajo el progreso prometido, sino destrucción ambiental, ecocidio y desatención comunitaria. Sin embarg, aclaró que la solución no es criminalizar la actividad minera, sino transformarla de raíz.
“Nuestra cultura, nuestra historia y nuestra economía dependen de la minería. Aquí vamos a vivir de la minería, no de otra cosa, pero de una minería digna. El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar a la gente orientación, organización, financiamiento y zonas seguras y aptas para trabajar. Hay que empezar a humanizar la minería en el sur de Bolívar”, afirmó.
Asimismo hizo una defensa pública del trabajador de la zona: “El gobierno debe proteger el derecho a la vida del minero. No todos los mineros son delincuentes, la inmensa mayoría son padres de familia honestos, trabajadores que buscan el sustento diario y que han emigrado de toda Venezuela hacia estos municipios en busca de una oportunidad, inspirados en el mito de El Dorado”, destacó.
El burgomaestre hizo un llamado formal y urgente al Ejecutivo para que asuma la responsabilidad de ordenar la actividad minera en el estado Bolívar, enfocándose en el bienestar de las comunidades locales y no solo en la extracción de recursos.
Lugo insistió en que la seguridad ciudadana debe ir acompañada, obligatoriamente, de inversión social, dotación hospitalaria y mejora de los servicios básicos para evitar que el sur de la nación continúe sumido en una crisis de gobernabilidad y abandono.
