El silencio oficial y la zozobra generalizada en los municipios mineros del sur del estado Bolívar activaron las alarmas de la dirigencia política regional. Tras los recientes despliegues militares en sectores críticos como Las Claritas, Las Cristinas y el Kilómetro 88, Piden formalmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a las autoridades de seguridad del Estado la publicación de un balance oficial, claro y verificable sobre las operaciones en curso.
El dirigente de oposición en la entidad, Omar Al Atrache, señaló que, si bien la institución militar tiene la obligación constitucional de ejercer el control territorial y combatir a las estructuras irregulares, estas actuaciones no pueden ejecutarse al margen de la ley.
Advirtió que el uso de la fuerza pública debe estar condicionado al respeto de los derechos humanos y a la protección de la población civil que habita en estas zonas de extracción aurífera.
Al Atrache sentenció que la Fuerza Armada debe imponer la ley, pero precisamente por ser el Estado, y no una banda más en disputa por el territorio, está obligada a actuar con transparencia, información oficial y respeto a los civiles.
El vocero recordó que en medio de estos operativos quedan atrapadas familias enteras, trabajadores, mineros artesanales, comerciantes y comunidades indígenas que no guardan relación con actividades delictivas, pero que hoy viven bajo un profundo estado de indefensión.
El peligro del vacío informativo
La denuncia enfatiza que la falta de reportes por parte del Ejecutivo central solo alimenta el caos comunicacional en la región.
El dirigente aclaró de forma contundente que la exigencia de transparencia no busca defender a sindicatos mineros, bandas delictivas ni grupos subversivos, sino rescatar la institucionalidad perdida en las zonas mineras.
En este sentido, puntualizó que el Estado debe recuperar el control del territorio, pero no bajo el silencio ni la falta de rendición de cuentas, ya que la población no puede seguir dependiendo de audios de WhatsApp, videos filtrados y rumores para saber qué ocurre en su entorno.
Ante el fuerte impacto social de estas intervenciones, la dirigencia regional planteó la necesidad urgente de que la comandancia militar defina con precisión el alcance de las zonas intervenidas y presente la cifra e identidad de los detenidos junto a su situación jurídica actual.
Asimismo, exigió reportar de manera transparente el saldo de posibles heridos o fallecidos, y establecer de inmediato medidas reales de protección para los civiles afectados.
Finalmente, concluyó que el estado Bolívar urge de seguridad, pero rechaza un modelo que siembre miedo en la ciudadanía. “La Fuerza Armada está llamada a imponer el orden público, pero bajo los principios estrictos de legalidad, información oportuna y respeto absoluto a la dignidad del ciudadano”.
