Educadores, personal de salud y trabajadores de las empresas básicas denunciaron presiones y amenazas para asistir a la marcha convocada este martes por las autoridades regionales y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en respaldo al regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
De acuerdo a los testimonios, la medida se ha aplicado con las mismas tácticas registradas en procesos electorales y convocatorias chavistas: superiores “pasan lista” de asistencia y exigen evidencia fotográfica de su presencia en las actividades que se desarrollaron en la Plaza Monumento a CVG y adyacencias del holding con cierre de vías en Alta Vista.
“Convocan a los docentes a salir a la calle a marchar, a pedir por algo que no deben pedir, sino es por el salario. El salario que ellos violaron. Rechazamos que el directivo obligue a los docentes a asistir a una marcha, no es obligatorio que los docentes salgan a marchar de la manera que ellos lo están pidiendo, es salir a marchar para que venga el expresidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Nuestra marcha debe ser por salario digno, porque cada uno de las instituciones del estado Bolívar estén en las mejores condiciones”, manifestó la secretaria general del Colegio de Profesores del estado Bolívar, Aida González, quien enfatizó en que los educadores ni siquiera cuentan con pasaje para trasladarse a las concentraciones.
Proselitismo político dejó a los pacientes sin consultas médicas
Por su parte, personal vinculado al área de salud reportó que este martes no se pasó consulta en los principales hospitales de la región debido a que el personal fue obligado a acudir a esta actividad política. Asimismo ya se les había ordenado asistir a una jornada de salud el día anterior.
“Hemos sido llamados por parte de las autoridades a asistir a las marchas en apoyo a una idea que nosotros no compartimos, nos sentimos forzados a participar. Simplemente queremos hacer nuestro trabajo sin tintes políticos, movilizan al personal para llenar una calle; pero nosotros somos útiles en nuestros puestos de trabajo. Están vulnerando el derecho de las personas a la salud”, manifestó una enfermera que prefirió reservar su identidad.
Trabajadores de la empresa Ferrominera Orinoco reportaron la misma situación, además puntualizaron que fueron amenazados con quitarles bonificaciones y desactivarlos de sus puestos laborales si no acudían a la convocatoria.
“Hacemos una denuncia muy grave, en día de hoy se realizó una marcha del gobierno, en la cual se llevaron a trabajadores obligados, pero lo sorprendente fue que hicieron lo mismo con el personal del Hospital Dr. Américo Babó, se llevaron obligados a médicos, enfermeras, camareras y personal administrativo. Una persona que tenía su cita para hoy, tiene que esperar dos o tres meses. Imagínese una persona con patología delicada que tenga que venir en dos meses. Eso es atentar contra la integridad física de los trabajadores”, denunció César Marcano, dirigente laboral de la estatal.
