Afectados señalan al gerente de operaciones, Juan Díaz, de tener amenazados a todos los empleados que llevan denuncias sobre el estado de la planta a la junta interventora.
Los afectados han sufrido reiteradas amenazas, hostigamientos y vigilancia por parte de agentes del Estado por participar en las manifestaciones, incluso de forma directa por parte del subdirector del Sebin.
Alrededor de 900 mineros de la mina La Gran Bendición de Dios, en el municipio Roscio, denunciaron la imposición de medidas que les impiden laboral en minería, además de amenazas por parte de la autoridad municipal.
Paúl Márquez calificó como “competencia desleal” la comercialización de productos colombianos en el país, pues “tienen ventaja sobre los venezolanos porque las tasas de impuesto son mucho mayores para nosotros”.
La ONG Espacio Público denunció las amenazas contra ocho familiares de la periodista de investigación venezolana. El Tren de Aragua se ha hecho sinónimo de brutalidad en los noticieros de América del Sur.
El gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, desconoció las mesas de diálogo conformadas con trabajadores de las empresas básicas y calificó a quienes reclaman por bajos salarios como “cuatro gatos que vienen a pegar gritos a la CVG”.
En el 2022, Clima 21 y el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales presentaron un informe en el que denunciaron que los ecosistemas marino costeros del país están siendo sometidos a “múltiples presiones de origen humano”.
Giovanni Yaguaracuto, secretario general de Sintrasalud, denuncia que aproximadamente 100 trabajadores del estado Anzoátegui están siendo amedrentados por el personal directivo.
Más de la mitad estará dirigido a las acciones centralizadas del organismo, es decir para la dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y para mejoras tecnológicas y financiamiento de proyectos de entes descentralizados.
