La Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, desde la subcomisión de la Mujer e Igualdad de Género, aprobó un acuerdo en el que exige justicia por el femicidio de Ángela Aguirre, la adolescente de 16 años de edad hallada muerta en aguas del río Caroní, luego de asistir a una fiesta en una isla privada en Puerto Ordaz.
El acuerdo, firmado por los diputados Miguel Pizarro y Manuela Bolívar, rechazó las pretensiones por parte de las autoridades para ocultar y cambiar los hechos del homicidio.
El documento toma en consideración las denuncias hechas por la familia y la defensa, sobre presuntos sobornos para permitir la liberación de los siete imputados, cinco hombres y dos mujeres, así como el intento de descartar los resultados de la primera autopsia por una segunda solicitada por la fiscal recusada Emily Hernández, en la que se habla de una muerte accidental.
Ángela Aguirre desapareció la noche del 23 de marzo en la isla La Terecaya, a pocos minutos de la marina del Club Ítalo en Puerto Ordaz. Iba con otras siete personas en la lancha La Kaki, propiedad de José Zorrilla, uno de los imputados.
Su cuerpo fue hallado la mañana del 26 de marzo, cerca del balneario El Rey en Puerto Ordaz. Según la primera autopsia, que fue tomada en cuenta en la audiencia de presentación, se determinó que Aguirre falleció por asfixia mecánica por inmersión, y presentó heridas en zonas íntimas y hematomas en varias partes del cuerpo.
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, afirmó que el examen médico forense descartó que las lesiones fuesen provocadas por el tiempo que estuvo el cuerpo en el río.
José Alberto Cedeño (18) fue imputado por los delitos de femicidio, abuso sexual, suministro de sustancias y omisión al socorro. José Zorrilla, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza fueron imputados como cómplices necesarios en el délito de femicidio y omisión al socorro.
Los hombres debían ser recluidos en la cárcel de Vista Hermosa, pero la defensa de estos alegó peligro de muerte y fueron llevados a los calabozos del Cicpc, donde se mantienen las dos imputadas, pese a que la orden era llevarlas a la comisaría de Vizcaíno, lo cual no ha sido cumplido por las autoridades.
