Más de 20 naciones analizaron el caso -el 15 de febrero- y ratificaron “su compromiso con una solución negociada liderada por Venezuela para restaurar la democracia”.
Este permiso mantiene exentas a las empresas, bajo ciertas condiciones, de las sanciones aplicadas contra Pdvsa y cualquier entidad en la que posea un 50% o más de participación accionaria.
“A las autoridades venezolanas que los han encarcelado, les pedimos que se les permita regresar a Estados Unidos para reunirse con sus familias”, expresa el vocero del Departamento de Estados de Estados Unidos, Ned Price, en un comunicado.
EE.UU. seguirá trabajando junto a sus aliados en la región para mantener la presión, incluido el mecanismo de sanciones “contra quienes socavan la democracia”.
Desde Washington se continúa presionando para propiciar “cambios fundamentales” que lleven a unas elecciones libres que incluyan la habilitación de partidos políticos, la liberación de presos políticos y que se invite a la observación internacional. | Foto William Urdaneta
Motta Domínguez estuvo al frente del despacho eléctrico durante la crisis eléctrica de 2016. En 2019 denunció un “ataque cibernético” tras un apagón nacional. EE. UU. lo busca por otorgar contratos a cambio de sobornos.
Moreno se defiende y asegura que las acusaciones son “cobardes e infundadas”.
El pasado 18 de mayo, el ministro Jorge Rodríguez mencionó que la fundación Futuro Presente, perteneciente a Yon Goicoechea, tuvo participación activa en la operación con la que se intentó “invadir” Venezuela el pasado 3 de mayo.