La juventud de Gabriel Guerra quedó suspendida a los 22 años. En aquel entonces, el joven trabajaba como camarógrafo para el periodista Ramón Centeno cuando ambos fueron detenidos mientras realizaban un documental sobre narcotráfico en Venezuela que ni siquiera llegó a ver la luz. Hoy, a sus 27 años, Guerra acumula casi cinco años tras las rejas, una condena de ocho años obtenida bajo falsas promesas y un alarmante deterioro físico que deja en evidencia las condiciones del sistema penitenciario en el país.
Guerra fue privado de libertad en el comando antidrogas de Las Acacias en abril de 2022. Su esposa, Gabriela Álvarez, describe un proceso judicial marcado por la falta de garantías constitucionales. La jueza encargada del caso, Sabrina Montes de Oca, prometió que sería liberado en apenas tres meses si se declaraba culpable. Mal asesorado por un defensor público, Guerra asumió la responsabilidad por los cargos de asociación para delinquir, usurpación de funciones y tráfico de influencia. Aquellos tres meses prometidos se transformaron en el calvario que su familia arrastra hasta el día de hoy.
Aislamiento y torturas físicas
El recorrido carcelario de Guerra continuó en el internado judicial de El Rodeo durante quince días, antes de ser trasladado al Fuerte Guaicaipuro. Según relata Álvarez, fue en este último recinto donde el joven permaneció bajo un régimen de desaparición forzada durante año y medio, período en el cual aseguran que fue víctima de torturas físicas; no se permitieron las visitas ni la verificación de su estado de salud. “Él era una persona de contextura grande y ahorita parece un cadáver”, afirma su esposa tras visitarlo recientemente en el penal de Yare III, donde se encuentra recluido actualmente.
Durante el encuentro, Álvarez pudo constatar la pérdida extrema de peso, marcas severas de las esposas en las muñecas, hematomas en los brazos y piernas, y las secuelas de una de las torturas más severas descritas por él: la extracción de las uñas de sus pies.
A pesar de que Ramón Centeno, imputado en la misma causa judicial, ya fue puesto en libertad, los recursos legales y las solicitudes de ley de amnistía presentadas por la madre de Guerra han sido rechazados sistemáticamente por los tribunales sin ofrecer justificaciones jurídicas.
Vigilias en cercanías de Embajada estadounidense
Ante la falta de respuestas institucionales y el agotamiento de los canales regulares, el reclamo de sus parientes se trasladó a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Junto a otras familias de presos políticos, Gabriela Álvarez permanece en el campamento instalado desde el pasado domingo a 50 metros del recinto diplomático. Una medida tomada tras meses de recibir promesas de liberación por parte del Gobierno venezolano y la administración de Donald Trump que no se han cumplido.
Lo que comenzó como una vigilia de quince familias se transformó en un campamento donde duermen en carpas más de 200 personas. Muchos de los parientes viajan desde el interior del país con la esperanza de visibilizar sus casos.
Allí conviven parientes vinculados a los detenidos de la Operación Gedeón, el caso de Pdvsa Obrero, la causa del Buque Fantasma, el Rayo del Catatumbo, trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y familiares de los hermanos Guevara. En el espacio se organizaron con fotografías de los presos y un mural que detalla cada caso.
La petición del grupo es específica. Solicitan que los funcionarios diplomáticos reciban a una delegación de familiares para entregar un documento actualizado con los datos de salud y estatus de los privados de libertad. El objetivo es pedirles que actúen como mediadores ante las autoridades venezolanas para gestionar las liberaciones.
Hasta el momento, el trato de la seguridad de la embajada y de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana asignados a la custodia diplomática ha sido respetuoso, permitiendo la permanencia del grupo. Sin embargo, ninguna autoridad de la delegación se ha acercado a hablar con ellos.
El campamento recibe la ayuda de los vecinos de la zona, quienes les llevan café y comida. Para Gabriela Álvarez, la permanencia no tiene una fecha de finalización. “La decisión en familia fue que fuese hasta que nos pudieran recibir o hasta ver a nuestros familiares en libertad”, concluye, con la expectativa de que la mediación humanitaria le permita a Gabriel Guerra recuperar su libertad.
